Por Martha Martínez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Gonzalo Hernández Licona, considera que sería un “enorme error” que la nueva Administración federal continúe con la práctica de dejarle a la Secretaría de Desarrollo Social el peso de la lucha contra la pobreza.
Hernández Licona indica que la propuesta de reestructuración de la Administración pública presentada el 14 de noviembre pasado por el entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto, contiene elementos que pueden facilitar la coordinación de los programas y acciones de desarrollo social, tales como la sectorización de algunos de los siete organismos creados durante las administraciones panistas para la atención de sectores específicos de la población.
No obstante, señala que la iniciativa no desarrolla un elemento fundamental para la implementación de una estrategia efectiva en materia de combate a la pobreza: la coordinación de todas las secretarías e instituciones que impactan la situación social y económica de la sociedad.
La iniciativa presentada por las bancadas del PRI y el PVEM en el Congreso propone que, para evitar la dispersión de los programas sociales, la SEDESOL sea la encargada de coordinar, dar seguimiento e instrumentar políticas de inclusión, cohesión social y combate a la pobreza. Además, elimina de su estructura las tareas de ordenamiento territorial para transferirlas a una nueva dependencia -la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- y establece la incorporación de los organismos diseñados para la atención de indígenas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Hernández Licona precisa que la propuesta de mantener a la SEDESOL como la instancia responsable de coordinar e instrumentar políticas de erradicación de la pobreza no es nueva. El problema, sostiene, es que con ello se omite que este fenómeno es multifactorial y en él inciden lo mismo el Banco de México que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“Esto no es nuevo, tiene un par de sexenios o más en los cuales se ha puesto implícita o explícitamente el objetivo de reducir la pobreza sólo a la SEDESOL federal. Este mismo error, desde el punto de vista del CONEVAL, se replica en los estados, en donde se crean secretarías similares que buscan de manera casi exclusiva reducir la pobreza”, afirma.
El funcionario indica que es una buena idea promover la coordinación de las políticas de desarrollo social.
Y da un ejemplo: actualmente existen 23 programas de atención a adultos mayores operados por la Federación y los estados, los cuales otorgan diferentes apoyos y beneficios a este sector, lo que reduce su efectividad.
Sin embargo, advierte que coordinar y poner en orden la política social no es sinónimo de concentrar en una sola dependencia esta tarea. “Es correcto poner orden en lo que en el CONEVAL hemos llamado la protección social, es decir, el conjunto de programas que buscan mejorar la situación de población pobre y vulnerable y que hoy en día vemos dispersa tanto en el Gobierno Federal como en los estados, pero al mismo tiempo es necesario entender que cada dependencia debe hacer lo suyo, y si lo hace bien contribuirá a reducir la pobreza”, subraya.
Para Hernández Licona la propuesta de sectorizar los organismos creados en los últimos 12 años para la atención de sectores vulnerables es positiva, pues algunos de ellos no tienen la visibilidad ni los recursos económicos y humanos para impulsar avances concretos.
“El tema de los jóvenes es un buen ejemplo. El Instituto Mexicano de la Juventud está en todos lados y en ninguno y en muchos casos, honestamente, pasa desapercibido y no tiene la fuerza suficiente para defender al sector que le corresponde. No depende de un secretario, que en la práctica son mucho más ‘poderosos’ que los directores de las dependencias más chiquitas, y por lo tanto podría tener mucho más poder para acercar recursos, ideas y acciones. No vemos mal que se busque el poder de una Secretaría para mejorar la protección a esos grupos vulnerables”, sostiene.
De acuerdo con la iniciativa, los organismos que quedarían sectorizados a SEDESOL serían el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El 22 de noviembre pasado esta propuesta fue modificada por unanimidad de los siete grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, luego de que grupos de mujeres presionaran para que el INMUJERES y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sigan siendo organismos descentralizados, es decir, mantengan el status con el que actualmente operan.
Al respecto Hernández Licona califica como positivo que INMUJERES mantenga su status, pues desde su creación ha tenido avances en materia de presupuesto y políticas de igualdad de género. En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice no estar seguro.