Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Presidente Enrique Peña Nieto se desistió ayer de la controversia constitucional presentada en julio pasado para impugnar una orden que le dirigió el Congreso de la Unión para publicar la Ley General de Víctimas.
Fuentes de la Suprema Corte de Justicia confirmaron que la Consejería Jurídica del nuevo Ejecutivo federal presentó el escrito de desistimiento, que fue turnado al Ministro ponente de la controversia, Sergio Valls, quien hoy notificará un acuerdo con el que dará fin al litigio.
La controversia mantenía congelada la publicación de la ley, pero Peña Nieto ofreció el sábado pasado desistir del juicio y publicar la norma, que fue impulsada por organismos defensores de víctimas de la delincuencia, pero fue severamente criticada por el equipo jurídico del ex Presidente Felipe Calderón.
En esta controversia, la Corte no analizaba el contenido de la Ley General de Víctimas, que según el Gobierno anterior, carece de fundamento Constitucional porque el Congreso federal no está habilitado para emitir una norma en esta materia que sea obligatoria para Estados y municipios.
Lo único que se tenía que resolver es si Calderón había formulado sus observaciones a la ley dentro del término de 30 días que marca el Artículo 72 de la Constitución, lo que hubiera obligado al Congreso a procesar el veto, es decir, a aceptar las modificaciones sugeridas por Calderón o a superarlas mediante votación calificada de ambas Cámaras.
Una vez que Peña Nieto publique la ley, los estados y municipios estarán en posibilidades de impugnarla mediante una controversia constitucional ante la propia Corte, aunque políticamente parece poco probable que alguno lo haga.
Entre los problemas que especialistas han mencionado respecto de esta ley, destacan el diseño poco claro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva; las indefiniciones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre el cual ni siquiera está claro si será uno solo, o uno para cada entidad del País y funciona con base en un complejo procedimiento de acceso; y el Registro Nacional de Víctimas, cuya operación tampoco está correctamente detallada.
La Suprema Corte todavía tiene pendiente resolver otra controversia que se refiere a una orden de publicación dirigida por el Congreso a Calderón, en este caso para el llamado Fondo de Sequías, que reformaba el Presupuesto de Egresos 2012 para destinar 15 mil millones de pesos al combate de fenómenos climáticos.
La creación del fondo se aprobó el 30 de abril en la Cámara de Diputados sin intervención del Senado, y desde entonces, el Ejecutivo manifestó su oposición por múltiples violaciones legales de procedimiento, y porque se pretendía obtener los 15 mil millones de ahorros del ejercicio de 2011.