Por Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los exámenes de control de confianza con que se intenta depurar a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y prisiones, tienen fallas desde el diseño de las pruebas hasta la aplicación que hacen técnicos sin conocimientos suficientes en áreas policiales ni de procuración de justicia.
Estas dos deficiencias provocan que mientras en unos estados aprueban prácticamente todos los policías y funcionarios evaluados, en otras reprueba la mitad, advirtieron especialistas.
El mecanismo de evaluación, consideró Bernardo Gómez del Campo, autor del libro “En búsqueda de un perfil policial mexicano”, carece de los perfiles tipo que deberían tener los servidores públicos congruentes con las funciones que desempeñan. Al carecer de una lista de las habilidades específicas que requiere cada puesto de trabajo, con una misma batería de pruebas se evalúan las aptitudes de personas que desempeñan funciones distintas.
Esto ocasiona que califique como no aptas a personas que, con guía adecuada, podrían ser elementos eficientes, indicó en entrevista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, la organización ciudadana que le ha dado seguimiento a la depuración.
“Al principio no estaba bien calibrado el examen y te ponían no apto cuando estabas gordo, aunque eso no era relevante para el perfil de tu puesto. A personas que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de aprobarlos con restricciones y enviarlos a una terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto; yo creo que ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena”, indicó.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.
Gómez del Campo indicó que estos contrastes son ilógicos. Además de la falta de los perfiles-tipo que sirvan de referentes para cada función, en los resultados influye la percepción de los aplicadores de las pruebas: en aquellas entidades con mayores problemas de violencia son más estrictos y en los estados que les parecen más seguros relajan la evaluación.
“Muchos poligrafistas estigmatizan al elemento por la zona. ¿Qué sucede? Van a levantarle el polígrafo a una persona en Tamaulipas y llegan con la idea de encontrarse con un ‘zeta’.
“El poligrafista nos diría que esto no es cierto, que él no califica, que lo hace el polígrafo, que es el que va a medir las respuestas y que él sólo va a formular las preguntas; ahí está el asunto: en la forma y en el tipo de preguntas va a buscar lo que quieren encontrar”, explicó.
Cada entidad federativa evalúa a su personal a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, que fueron desarrollados a través de un modelo elaborado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Todos los procedimientos están estandarizados.
Los centros estatales operan desde 2009, en fechas distintas, y sin personal especializado para aplicar las pruebas -toxicológica, psicológica, de situación patrimonial y poligráfica-, lo que provocó la formación fast-track de examinadores.
Gómez del Campo indicó que la mayoría de poligrafistas son técnicos que carecen de conocimientos de las áreas policiales y de procuración de justicia, lo que limita su trabajo y genera distorsiones en sus evaluaciones.
“Un poligrafista que vaya a examinar a un policía tiene que conocer de policía, para que sus preguntas vayan direccionadas a interpretar, independientemente de la medida tecnológica que es el polígrafo, lo que dice la persona evaluada, qué piensa y por qué lo piensa”, señaló.
Morera dijo que la prórroga de 10 meses que el Senado autorizó para que los estados puedan cumplir con la meta de certificar a la totalidad de su personal, debe de aprovecharse para revisar el modelo de evaluación y corregir todas las fallas que tiene.
“Lo que se tiene que hacer es una evaluación y un estudio de los exámenes de control de confianza y de la forma como están estructurados y operando los Centros de Evaluación”, indicó.