Por Abel Barajas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Un tribunal federal resolvió en definitiva negar las órdenes de aprehensión en contra de los jueces federales Martín Adolfo Santos Pérez y Osbaldo López García, al estimar que no cometieron un delito al negar cateos contra los inmuebles de Efraín Cázares, el juez del “michoacanazo”.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Primer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que dirige el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, rechazó girar las capturas de los juzgadores y sus secretarios Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez.
A los titulares de los juzgados Segundo y Cuarto Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la SEIDO los acusó de quebrantamiento del sigilo y obstaculización de la investigación de un hecho delictuoso o favorecer que un inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Este último ilícito es grave y, de haber procedido la imputación, hubiese significado para los juzgadores la imposibilidad de suspender la aprehensión y de evitar la cárcel, en caso de ser detenidos y procesados.
La consignación de la indagatoria contra los impartidores de justicia ocurrió en el contexto de la mayor confrontación registrada en la historia reciente entre la PGR y el PJF, que tuvo lugar a fines de la Administración de Felipe Calderón y que incluso incluyó solicitudes de cateo contra instalaciones de juzgados.
Para Santos Pérez, López García y sus respectivos secretarios, todo empezó cuando a mediados del año pasado la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió catear inmuebles relacionados con Efraín Cázares López.
Este último, en su calidad de juez primero de Distrito en Morelia, liberó a buena parte de los implicados en el “michoacanazo” y concedió la suspensión provisional que permitió que Julio César Godoy, en ese momento prófugo por un delito grave, asumiera como diputado federal.
El juez Osbaldo López García negó a la SEIDO la orden de cateo, por estimar que los indicios eran insuficientes; la Subprocuraduría, sin avisar de esta resolución, tomó su solicitud y la volvió a tramitar, pero ahora ante el juez Santos Pérez, quien también rechazó autorizar el cateo.
Cuando la SEIDO revisó las resoluciones, descubrió que eran prácticamente idénticas, pues decenas de párrafos fueron copiados textualmente, hecho que para el Ministerio Público constituyó una violación al sigilo de la averiguación por parte de los jueces.