Por Carlos Razcón Valenzuela

LA VOZ DEL PUERTO

GUAYMAS.-La pasada administración municipal --trienio 2009-2012-- habría incurrido en daño patrimonial por más de 490 millones de pesos contra las arcas municipales, según dictamen final de la Comisión Especial de Entrega-Recepción, que hoy será puesto a consideración del Cabildo y, del cual podrían derivarse demandas penales contra ex servidores públicos.

En la glosa --al alimón con resultados de auditoría independiente se enviará a Congreso del Estado y se pondrá a disposición de Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal y el Organo de Control y Evaluación Municipal para procesos de inhabilitación o interposición de denuncias penales del fuero común y/o federales-- de este día, se puntualizan otras irregularidades pendientes de cuantificar.

Según la Asociación Civil Guaymas Tu Puerto, primera denunciante de esas ilegalidades y a cuyas indagatorias dio puntual seguimiento vía Transparencia Informativa, la auditoría contable y administrativa precisa responsabilidades para la mayoría de los funcionarios de primer nivel, desde la alcaldía hasta direcciones y subdirecciones.

“Y también le tocaría a los anteriores regidores, de todos los partidos políticos representados en Cabildo, que avalaron ese saqueo contra los guaymenses”, apuntó Víctor Roberto Parra Maldonado, vocero de la citada Asociación (...), al referir que, con sus “aviadurías”, la administración 2009-2012 incrementó la nómina en un 52% y aumentó la deuda pública en 38 millones de pesos más que el Ayuntamiento que le antecedió.

Entre otras precisiones, la Comisión Especial que preside el regidor Roberto Romano Terrazas indica sustanciales diferencias entre Catastro, Sindicatura, Control Urbano y Tesorería, tocante a venta de tierras municipales; diferenciales en precios entre valor catastral-registral y pagos reales son abismales, amén de muchas de las operaciones no se enteraron a las arcas públicas.

También se abordan contratos de arrendamiento de las luminarias, carros, así como el desvío de recursos (18 millones) destinados para plantas tratadoras de aguas negras, espacios públicos, hábitat y, otros programas federales, cuyos expedientes irán irremisiblemente a la Procuraduría General de la República (PGR).

Sensible tema es el del SUBSEMUN donde no ha sido aclarado el destino de 33 millones de pesos, que debieron aplicarse al equipamiento, uniformes, capacitación, profesionalización y estímulos a elementos de Policía y Tránsito.

En el quebranto a las arcas municipales están latentes más de una decena de anuencias para la venta de bebidas embriagantes, otorgadas de última hora por la anterior administración emanada del Partido Acción Nacional; al menos trece expedientes del tipo no aparecen, como también “se perdieron” datos del sistema informático sobre distintas, anómalas transacciones comerciales.