Armando Ríos Piter

La llegada de la democracia en México inició el desmantelamiento del régimen presidencialista y aumentó el peso de los estados frente a la Federación. Sin embargo, desde un principio, esta relación careció de un entramado institucional que permitiera la existencia de mecanismos fiables de control, rendición de cuentas y transparencia. Lo anterior, como ha quedado en evidencia a lo largo de las últimas semanas, derivó en muchos casos en opacidad e irresponsabilidad en torno al uso del dinero público.
Lo más grave es que la percepción de corrupción en torno a este tema ha alcanzado niveles alarmantes. La corrupción carcome espacios de la vida pública nacional, evita el crecimiento, paraliza la producción e inhibe la innovación y el desarrollo. Los recurrentes escándalos de deudas estatales y municipales, que no encuentran justificación alguna en obra pública, o mejores condiciones de vida para la gente, han evidenciado este grave problema.
Los cambios al marco legal de 1995 a 2005 otorgaron autonomía de endeudamiento a los estados, sin exigirles mayores controles de supervisión del gasto. Lo anterior se reflejó en el incremento de la deuda que los estados tuvieron de 2008 a 2012, pasando de 203 mil millones de pesos a más de 406 mil millones. Como simple muestra, ahí está el emblemático caso de Coahuila, que entre 2007 y 2011, alcanzó una deuda de 34 mil millones de pesos, un aumento de más del 1,000%. Sin embargo, el crecimiento económico fue en promedio de tan sólo 1.85%. Está también, el caso del Municipio de Acapulco, que pasó en cuatro años, de 300 millones de pesos a 2 mil 500 millones sin que exista inversión que lo justifique.
La deuda no es mala por sí misma, mucho menos si ésta sirve para financiar mejores condiciones de desarrollo, que la hagan pagable en plazos específicos. Lo que preocupa de la deuda es la falta de beneficios para la sociedad y la sensación de que sólo sirve para engrosar el bolsillo de unos cuantos funcionarios.
Adicionalmente, el vacío institucional y la débil regulación han dejado la puerta abierta para que los estados puedan endeudarse y financiar campañas. Hay que poner atención a un fenómeno preocupante, las tasas más altas de endeudamiento en años recientes coinciden con momentos preelectorales.
Por ello, ante el problema de la deuda en estados y municipios, no se debe poner a todos en el mismo saco. Es indispensable contar con un diagnóstico caso por caso, apoyar en la reestructuración del financiamiento donde las condiciones lo permitan, pero sancionar a los responsables de los desvíos y deudas injustificadas; corregir en el corto plazo los errores sistémicos que han quedado en evidencia, pero construir una transformación estructural que permita mejores condiciones de control, mayor transparencia y rendición de cuentas.
El Gobierno Federal y la actual legislatura tienen frente a sí un enorme reto en este tema. Dejar pasar las cosas y tan sólo “rescatar” a los gobiernos sin mayores investigaciones ni detalles, o verdaderamente ir a una profunda reforma que reequilibre la relación entre órdenes de Gobierno e imponga sanciones ejemplares a malos funcionarios.
El tema no se puede posponer más. Es necesario fortalecer a las instituciones y acabar con la caja de opacidad virreinal en que, bajo un mal entendido federalismo, se han convertido estados y municipios. Si se quiere reforma fiscal y comisión anticorrupción hay que entrarle al tema de la deuda a fondo y castigar a quienes sean culpables.