Héctor Froylán Campos

Presupuesto 2013: La última lucha

Decir que el Estado de Sonora se encuentra inmerso en un serio conflicto social, político y jurídico cuya causa está focalizada en la abusiva política tributaria implantada por el Ejecutivo y sus incondicionales legisladores en el Congreso, no es una simple vacilada o graciosa ocurrencia que surge al tenor febril de una masturbación mental del periodista.
Y creo que no pocos lectores y lectoras coincidirán en que resulta innecesario exagerar la nota cuando los hechos hablan por sí mismos: La protesta ciudadana del movimiento “No más impuestos” ocurrida en la apertura de la “Serie del Caribe” alcanzó notoriedad y publicidad inusitada más allá de las fronteras mexicanas.
Ciertamente, es reconfortante documentar la alegría y el colorido que vistió y se vivió durante la inauguración de una justa deportiva mundialmente reconocida por la calidad del juego que protagonizan los beisbolistas latinos. Sería injusto regatear el clima de emotividad que precedió al “play ball” en el imponente Estadio Sonora, un coso espectacular que el gobernador Guillermo Padrés Elías exhibe, presume como portento de su gestión.
En otro plano, es imposible soslayar la estampa del caos citadino que circuló a través de las redes sociales. Videos, fotos, mensajes escritos y crónicas en vivo por frecuencias de radio en internet, pusieron de relieve la tensión e intensidad del descontento popular que ahora estuvo amedrentado y acosado por grupos de policías antimotines.
Vamos: el reporte periodístico que da cuenta de la repulsa ciudadana contra el régimen padrecista aparece publicado y disputando titulares en las primeras planas de la prensa sonorense. En mejor castellano, significa que el movimiento de los ‘mal nacidos’ logró sus propósitos de empañar el estreno de la fiesta beisbolera más esperada por la afición sonorense.
Y paralelamente a las acciones de resistencia civil que se empeñan afanosa y denodadamente en tratar de revertir el despiadado golpe asestado a las economías familiares con los desmedidos aumentos en impuestos y servicios gubernamentales, partidos y legisladores de oposición también se encuentran ocupados operando una cruzada política y jurídica que simpatiza y persigue los mismos objetivos que empujan a la rebelión social: Echar abajo la agresiva política fiscal del Gobierno Estatal.
En principio, sabemos que una indeterminada cantidad (a la fecha se habla de 4 o 5 mil amparos, tan sólo en uno de los frentes) de solicitudes de amparos han sido radicadas en los tribunales del Poder Judicial de la Federación.
La desproporcionalidad de los incrementos; la inequidad y falta de certeza en el destino de los ingresos recaudados por concepto de las cargas tributarias, son los argumentos torales que combaten la constitucionalidad de las medidas fiscales impuestas por el Gobierno.
Y mire usted: Hay otra vertiente de la controversia que no ha sido analizada o discutida, pero que en lo personal me interesa abordar por todo lo que entraña, las implicaciones, consecuencias y naturalmente las experiencias que podría dejar a los estudiosos del Derecho Parlamentario. Es lo relativo al juicio de amparo que promovieron los diputados del PRD y PRI, Carlos Navarro López y Abraham Montijo Cervantes, para impugnar el procedimiento legislativo que en el Congreso concluyó con la aprobación del Presupuesto 2013.
En las charlas con amigos, colegas o personas interesadas en conocer opiniones sobre los temas políticos, he externado mi pleno convencimiento de que este lance legal cuya causa se sigue en dos juzgados federales con distinta jurisdicción (Ciudad Obregón y Hermosillo), es quizá “la última lucha” –por llamarle de algún modo— que mayores probabilidades de éxito tiene para cambiar la oprobiosa historia que se escribió en los sótanos de la perversidad política. Intentaré tejer algunas ideas que sustentan la convicción del suscrito, pero preciso antes que nada, hacer notar que ni somos unas chuchas cuereras en estos menesteres, mucho menos eruditos de las Ciencias Jurídicas. Aunque estimo que tampoco es necesario poseer un doctorado en Derecho cuando basta aplicar el menos común de los sentidos –el sentido común, obviamente— para entender los alcances de una norma cualquiera que sea el ámbito de competencia, observancia y aplicación.
Sin profundizar mucho en la argumentación jurídica de la demanda interpuesta por Navarro y Montijo, centremos la atención en el punto medular de la queja. Ambos legisladores son integrantes de las comisiones unidas de Hacienda al seno de las cuales debieron estudiar, analizar, discutir, dictaminar y votar los dictámenes del paquete financiero del presente ejercicio fiscal anual.
El caso es que, como se ha documentado públicamente, ninguno de ellos pudo participar en ese trámite parlamentario por la sencilla razón de que el proceso de deliberación quedó inconcluso la noche del 12 de diciembre. Al día siguiente, con la firma de la mayoría de los integrantes, los resolutivos fueron llevados a la sesión plenaria para ser sancionados por la asamblea.
Esta situación a todas luces irregular en el desahogo del procedimiento parlamentario al que debe ser sometido todo negocio que reciba el Congreso por quienes gozan del derecho de iniciativa, vulneró las garantías fundamentales de los mencionados diputados.
Como miembros de los órganos colegiados sobre los que pesa la responsabilidad de dictaminar los proyectos de ley, decretos y acuerdos, ninguno fue convidado o convocado a una sesión de trabajo. Jamás participaron en la discusión, ni tampoco en la votación de los referidos dictámenes. Lo primero que se han preguntado cuando han advertido una clara violación a sus derechos ¿con quién me quejo? Es evidente que en el plano local no existe una instancia justiciera y/o de control constitucional que atienda y resuelva esas anomalías. Por ello, acudieron al juicio de amparo. A diez días de interpuesto el recurso, los jueces decidieron admitir la demanda. Generalmente esto ocurre 48 horas después. La verdad es que no existe algún antecedente en Sonora –al parecer ni otro Estado del País— sobre un expediente de esta naturaleza. El reclamo del perredista y el priísta es lograr el reconocimiento a los vicios de origen y se reponga el procedimiento. Se restaure su legalidad. Y se repare el daño generado por la violación de sus garantías.
Me parece que existen fundados motivos para apelar a la razón a favor de los soberanos. Pero vamos a referir el más importante: El papel que juega el Legislativo en la vida pública de un País, de un Estado. Al margen de ser un poder del Estado donde reside y está representada la voluntad del pueblo, es un ente de cuya actividad emana todo el andamiaje jurídico que hace posible la convivencia armónica entre gobernados y gobernantes. Es una institución que en su elevada encomienda de confeccionar leyes, provee el principal insumo generador de certeza y seguridad jurídica sin los cuales es posible concebir un régimen democrático donde impere un Estado de Derecho que además norma los actos de autoridad en todos los órdenes de Gobierno.
Por estas trascendentes consideraciones –seguramente que hay otras más de mayor o igual relevancia— es que las disposiciones que reglamentan al procedimiento legislativo tanto en este como en todos los órganos parlamentarios de México y el mundo, deben ser respetadas, observadas y aplicadas al pie de la letra. De ahí que el quehacer de los legisladores miembros de las comisiones dictaminadoras se conciba como la fuente original que garantiza los principios de seguridad y certeza a los destinatarios de la norma.
Debo insistir en un punto fundamental: La existencia y naturaleza de estos órganos colegiados, así como los ordenamientos que rigen su funcionamiento, responde a la imperativa e inexcusable necesidad de evitar improvisaciones, abusos, precipitaciones e irresponsabilidad en la confección de una ley. En ese sentido, me queda absolutamente claro que cuando se vulnera cualquiera de las etapas del procedimiento legislativo que reglamenta la Ley Orgánica del Congreso –como es el caso que nos ocupa— es dable concluir que hubo un desconocimiento de la iniciativa y se privó del derecho que asiste a los diputados de participar en el estudio, análisis, discusión y votación del dictamen.
Para acabar pronto: Todo parece indicar que el producto final que sancionó la mayoría legislativa va repleto de irregularidades y vicios de origen con los cuales es posible acreditar sobrada y jurídicamente, una flagrante violación de las garantías individuales de los ciudadanos y diputados Navarro López y Montijo Cervantes. ¡Aguas! Que va en serio.
Es cuanto.