Por Carole Simonnet
y Ernesto Núñez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Luego de cumplir dos meses desde su firma, el Pacto por México enfrentará a partir de este mes su prueba de fuego: el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, tres meses en los que los partidos tratarán de convertir sus compromisos en reformas de ley.
Dos temas sobresalen como los grandes consensos del Consejo Rector del Pacto que, según sus integrantes, “pronto” podrían hacerse realidad: la reforma en telecomunicaciones, que implicaría entre otras cosas abrir la competencia en televisión y telefonía, y la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, que evitaría el endeudamiento excesivo en el que incurren gobernadores y alcaldes.
Una reforma energética, “que sea motor de inversión y desarrollo” -se dice en el documento-, también figura en la agenda del primer semestre del Pacto; sin embargo, Pemex es un tema del que aún no quieren hablar los representantes de los partidos en el consejo rector.
Otros asuntos importantes para el primer semestre, algunos de los cuales coinciden con las agendas legislativas recién anunciadas por los grupos parlamentarios, son la revisión del fuero de legisladores, la unificación de los códigos penales en uno que rija para todo el País, la ley para crear la Gendarmería Nacional, culminar la reforma al IFAI y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, iniciar la reforma política del Distrito Federal, y generar las leyes reglamentarias de las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana.
En materia política, PAN y PRD han advertido -al calor de las resoluciones del IFE respecto al financiamiento de las campañas del PRI- que buscarán adelantar para este periodo ordinario el punto 90 del Pacto, agendado originalmente para el segundo semestre, que estipula impulsar una reforma electoral.
Esa reforma implicaría crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales; reducir y transparentar el gasto de los partidos, incorporar a las causales de nulidad de una elección el rebase de los topes de gasto de campaña, la utilización de recursos al margen de las normas del órgano electoral y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.
Además, el compromiso 90 del Pacto establece: “Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto”.

PRI: las elecciones serán la prueba
Martha Tamayo, integrante del PRI en el Consejo Rector, confirma que las reformas en materia de telecomunicaciones y endeudamiento de estados y municipios son las prioridades que los tres principales partidos establecieron para el mes de febrero.
“Lo inmediato que tenemos ya comprometido y bien trabajado y con amplias posibilidades de que avance y salga son esos dos temas”, afirma.
En otros compromisos, como las reformas energética y fiscal, la encargada del área jurídica del PRI no se anima a hacer pronósticos.
Reconoce que hay un interés del Ejecutivo en dar a conocer su postura sobre los hidrocarburos ante las versiones de una posible privatización del sector.
“El Pacto deja claro que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. Como se ha especulado en este tema sin fundamento, hay interés de impulsarla ya. Además, la iniciativa que viene del Ejecutivo entiendo que se encuentra avanzada, y lo primero que se hará es socializarla con los integrantes del Pacto. Muy probablemente será junto con la reforma hacendaria un tema que se trate cuando menos en líneas generales en este periodo”, menciona.
Tamayo niega que los documentos básicos de su partido -que serán sometidos a discusión en la próxima XXI Asamblea Nacional del PRI del 3 de marzo- sean un obstáculo a la aprobación de la reforma fiscal y energética en el primer semestre. En cambio, admite que las elecciones locales en 14 entidades son una prueba de fuego.
“Estamos ciertos de que hay una estupenda disposición de los componentes del Pacto, de las personas e instituciones ahí sentadas y que esto va a poder soportar cualquier embate de corte circunstancial que se llegue a dar por motivo de las elecciones o de las consecuencias de éstas. Esto sería lo ideal y va a ser la prueba del ácido”, subraya la política sinaloense.
Al tema de telecomunicaciones y endeudamiento, agrega un tercero con amplias posibilidades de concretarse en febrero: La aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta ya avalada en el Senado que busca acotar el fuero constitucional para procesar penalmente a los titulares de los poderes públicos.

PAN: altas expectativas
Superado el Consejo Nacional del PAN y las reuniones plenarias de los senadores y diputados panistas, el ex gobernador de Morelos Marco Antonio Adame declara a su partido listo para encarar las negociaciones que vienen en el Pacto por México y asegura que tienen altas expectativas en los frutos que éste pueda dar.
No niega, sin embargo, que habrá resistencias y que los propios dirigentes y representantes de los partidos en el consejo rector deberán hacer trabajo político con sus legisladores para que los compromisos se traduzcan en reformas.
Adame anticipa el cumplimiento de dos compromisos en las primeras semanas del periodo ordinario de sesiones: telecomunicaciones y ley de responsabilidad hacendaria.
Pero añade otra: una reforma política que dé mayor certeza a los comicios estatales y municipales, que podría anteceder a las dos grandes reformas que quiere el Gobierno de Peña Nieto y que el PAN también respalda históricamente: energética y hacendaria.
El PAN nombró, incluso, a un senador y un diputado como coordinadores de los cinco ejes temáticos del Pacto por México, y un representante para cada uno de los 95 compromisos.
“No estamos en la posición de que el Pacto sea rehén de ninguna coyuntura y mucho menos de un actor o una fuerza; nos importa que las reformas acordadas se concreten y estamos trabajando para ello, a pesar de que en muchos momentos hemos levantado la voz y lo seguiremos haciendo, para denunciar todo aquello que contravenga la vida democrática del País”, advierte.
Adame afirma que para el PAN la decisión de Peña Nieto de “ceder” su facultad de iniciativa preferente en este periodo de sesiones, para que se privilegien los compromisos del Pacto, es sólo una decisión unilateral del Ejecutivo y no una concesión generosa.
El panista confía en que se pueda avanzar en la agenda del primer semestre del Pacto, pero recuerda que la reforma clave será la hacendaria, pues 46 de los 95 compromisos del Pacto dependen de mayores recursos generados con dicha reforma.
Además, 43 de los compromisos implican reforma legal y 19 de ellos reforma a la Constitución. Por ello, asegura, el Gobierno y el PRI deben ser los primeros interesados en mantener vigente el Pacto.

PRD: hay anteproyectos
El ex senador del PRD Pablo Gómez confirma que las fuerzas políticas iniciaron la discusión de los dos primeros temas para ir generando dos anteproyectos de reformas constitucionales.
“Esto es lo que se está trabajando, todavía no hay un anteproyecto más o menos encauzado y se están llevando a cabo las discusiones en grupos de trabajo en donde los tres partidos presentan sus planteamientos para ir construyendo lo que sería el texto de cada uno de estos dos proyectos que son de reformas constitucionales”, subraya.
Gómez indica que la postura del PRD en el tema de telecomunicaciones es que sea la COFETEL, convertida en un órgano realmente autónomo del Ejecutivo, la instancia que otorgue las concesiones de televisión, radio y redes sociales e impida las prácticas de concentración del mercado.
Celebra que el PRI tenga ya interés en avalar su iniciativa de acotar el fuero que fue aprobada en el Senado por unanimidad y que quedó en noviembre por dictaminar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja.