Por Claudia Guerrero
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La bancada del PRI en el Senado fue instruida para defender la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, considerado como el “programa estrella” del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de combate a la pobreza.
En un documento interno se resumen las principales “cualidades” del decreto, que es calificado como una estrategia de “inclusión y bienestar social”.
“Esta estrategia integral de inclusión y bienestar social es un cambio estructural en materia de combate a la pobreza, la cual va encaminada al México incluyente, buscando la prosperidad de todos”, se lee en la ficha informativa.
A pesar de que muchos de los municipios más pobres del País no están contemplados en la aplicación de la Cruzada, los priistas consideran que la selección obedece a una “orientación focalizada” con base en la “alta incidencia de pobreza extrema y carencia alimentaria”.
En el documento, se afirma que los indicadores de la Cruzada serán verificables a través del Sistema de Evaluación del Desempeño, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y “por los propios ciudadanos”.
Se destacan los cinco objetivos del programa que incluyen “cero hambre”, eliminar la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos e ingresos de los campesinos, minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos, así como promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Además, afirman que la Cruzada Nacional, será aplicado junto con el Seguro de Vida para Jefas de Familia, con una inversión de 400 millones de pesos y la pensión para adultos mayores de 65 años, con más de 26 mil millones de pesos.
En entrevista, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, confió en que el programa sea aplicado con apego a la ley.
El líder del tricolor defendió la Cruzada y consideró que nadie puede medrar con la necesidad de los mexicanos.
“Creo que se tienen que evitar las suspicacias, lo que hace este programa del Gobierno Federal es atender uno de los aspectos más sensibles de la vida social de los mexicanos y creo que además en esto ni legal, ni éticamente es posible medrar con la necesidad.
“Es una obligación jurídica y un compromiso ético del Gobierno de la República”, respondió.