Contra una reforma política impotente

Cuando se promulgó la llamada reforma política nos quedamos con un sabor agridulce porque esperábamos modificaciones integrales además de la incorporación de algunos mecanismos de participación ciudadana que a nivel federal hicieran más dinámicas e incluyentes las decisiones públicas. Sin embargo algunos celebramos que al menos se establecieran las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, como caminos de participación que no estuvieran supeditados a la partidocracia.
Sabíamos que la batalla vendría después, que las tentaciones para reducir la potencia de estas herramientas resurgirían.
Estamos justo en el momento en el que se harán evidentes las intenciones de los legisladores para demostrar si están o no a favor de robustecer la democracia participativa. Son por lo menos tres factores los que denotan que los legisladores pueden entregarnos una reforma impotente.
Primero, el decreto de Calderón estipuló como fecha límite para la publicación de la regulación secundaria el 9 de agosto de este año. Sin embargo, el Pacto por México establece de forma menos precisa el primer semestre de este año. Si los legisladores postergan para junio la votación de la regulación, el periodo ordinario estaría concluido y no se cumplirá con el decreto. Por ello, es necesario que la regulación se presente antes de abril y que se vote los primeros días de este mes, para que no se atraviese el periodo extraordinario.
Además, los partidos se han repartido la redacción de las propuestas. El PAN redactará la iniciativa ciudadana, el PRD se hará cargo de la consulta popular y el PRI controlará la redacción de candidaturas independientes. Esta división del trabajo agiliza el proceso, pero es un foco de alerta sobre cómo se realizarán las votaciones. Más nos vale presumir que si el acuerdo previo fue trabajar la regulación por grupo parlamentario, la deliberación estará limitada por pactos y la negociación se prestará a que cada partido salga avante con su iniciativa sin ser siquiera cuestionado.
Y aquí lo más preocupante son los contenidos. Entre las tentaciones para desvigorizar la reforma, está la intención de establecer requisitos que dificulten su operación y que minimicen su impacto sobre las políticas públicas. Para evitar que eso suceda, el colectivo “Reforma Política Ya” tiene una lista de alertas. Para que las candidaturas independientes compitan en condiciones de igualdad, a los candidatos independientes no se les puede pedir el mismo número de firmas que a un partido para darse de alta. Si hoy a un partido se le requiere .26% de firmas del padrón electoral, un candidato independiente debería reunir cuando mucho la mitad. Además, deben contar con espacios en radio y televisión. Imaginemos que 25% de los espacios a partidos se les dé a los candidatos independientes, buscando dinámicas de debate y presentación de propuestas que rompan con el esquema de spots vacíos a los que estamos acostumbrados. Finalmente se les deben dar recursos públicos. Es mucho más sencillo fiscalizar y responsabilizar a un individuo por incumplimiento o desvío de fondos, que a un partido en el que se disuelve la responsabilidad. Sin recursos públicos los candidatos independientes serán sólo representantes de las élites y los grupos de interés.
En el caso de la iniciativa ciudadana, la Constitución requiere que se reúnan al menos cien mil firmas. Sin embargo, los legisladores no están obligados a discutirla y aprobarla. La ley secundaria debe hacer vinculante este ejercicio. Además se requiere la participación de un árbitro que puede ser el IFE, para que haga el conteo y la verificación de firmas. Por lo que se refiere a consulta popular, para que el resultado tenga validez, se requiere la participación de al menos el 40% de los ciudadanos con credencial para votar. Ahora que, para que el resultado se materialice, se requiere una mayoría calificada a favor, es decir, el 50% más uno. Sería conveniente que la redacción sea revisada y aprobada por al menos tres instituciones de educación superior que, de la mano con tres organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, avalen la consulta.
Para que la reforma tenga la potencia esperada su regulación debe ser discutida a fondo sin intercambio de prebendas partidistas, contener los mínimos mencionados y estar dictaminada en los tiempos previstos por el decreto presidencial.