Martes, 26 de Febrero de 2013 14:51
No obstante la PGJ enfrenta el problema de juicios laborales presentados por unos 200 trabajadores que fueron dados de baja por distintos motivos. Esos litigios mantienen "congelados" ese número de vacantes, expresó Dorantes Salgado.
EL UNIVERSAL
CUERNAVACA, Mor.- La Procuraduría General de Justicia estatal inició una reestructuración integral ante la denuncia de que sus filas han sido infiltradas por el crimen organizado, admitió el fiscal morelense Rodrigo Dorantes Salgado.
La depuración comenzó en la Policía Ministerial donde fue designado nuevo coordinador Nicolás Suárez Valenzuela, ex director general de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF).
Dorantes Salgado informó que para ofrecer mayor certidumbre a la ciudadanía todo el personal de nivel medio y superior que pretenda mantenerse en el cargo, como Ministerios Públicos, policías ministeriales, peritos, personal administrativo y colaboradores cercanos a la fiscalía, serán sometidos nuevamente a exámenes de control y confianza.
El fiscal sostuvo una reunión con el gobernador Graco Ramírez para exponer el proyecto de "reconstrucción" que incluye la evaluación del personal vigente, hasta la ampliación de la sede de la PGJ. En ese encuentro consensuó la designación de Suárez Valenzuela luego de recibir los resultados positivos de los exámenes de control y confianza.
En palacio de gobierno trascendió que el entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez, ofreció a Suárez Valenzuela - ex coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP (2000-2005)- nombrarlo Secretario de Seguridad Pública pero el especialista en la materia rechazó la invitación porque laboraba para la administración del ex Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.
Posterior a su reunión con el gobernador, el fiscal -objeto de un supuesto atentado en su contra donde murieron tres escoltas- afirmó que la "reconstrucción de la PGJ requiere de la contratación mínima de 50 agentes del Ministerio Público, otra cifra igual de policías ministeriales y de entre 35 y 40 peritos.
Dorantes Salgado asumió el mando de la PGJ el 22 de enero pasado y de acuerdo con su diagnóstico ofrecido al gobernador la dependencia cuenta con mil 200 trabajadores aunque arrastra un rezago aproximado a las seis mil carpetas de investigación.
"No sabemos si son seis mil o cinco mil pero para eficientar el trabajo de la PGJ necesitamos como mínimo 500 agentes del Ministerio Público, otra cantidad similar de Policías Ministeriales y 300 peritos", dijo el fiscal.
No obstante la PGJ enfrenta el problema de juicios laborales presentados por unos 200 trabajadores que fueron dados de baja por distintos motivos. Esos litigios mantienen "congelados" ese número de vacantes, expresó Dorantes Salgado.