OCTAVIO CHÁVEZ PEÑÚÑURI

(SEGUNDA PARTE)

Las acciones del Gobierno Federal, tienen como objetivos generales los que se indican a continuación:

Establecer los objetivos, prioridades, principios, lineamientos, ejes y programas que articulan la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de prevención de la violencia y la delincuencia en los tres órdenes de gobierno e integrando la participación del sector social, para construir comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas.
• Posicionar las políticas de prevención de la violencia y la delincuencia como una prioridad en la agenda pública y ciudadana para garantizar los derechos de las personas y para recuperar la paz.
Asimismo, como parte del Programa Nacional, se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, integrada por nueve Secretarías de Estado. Esta Comisión tiene objetivos claros para articular políticas públicas que influyan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como de diseñar e implementar acciones que permitan anticipar y modificar las dinámicas que generan contextos de violencia y procesos de desintegración social, al tiempo de fortalecer la estructura familiar y comunitaria a través de un esquema preventivo.
Por lo anterior, los objetivos para cada una de las dependencias son:
• Secretaría de Gobernación
Vigilar la correcta instrumentación del Programa, articular las acciones preventivas al interior de la Comisión Intersecretarial y promover la participación ciudadana, así como una cultura social de legalidad y tolerancia.
• Secretaría de Desarrollo Social
Fortalecer sus acciones a favor del capital social y enfocarse en el combate de la pobreza y desigualdad, en las comunidades con mayor incidencia delictiva y entre los grupos más vulnerables.
• Secretaría de Salud
Garantizar una atención médica oportuna en esas comunidades; diseñar y poner en marcha una campaña nacional de concientización y prevención integral de adicciones.
• Secretaría de Educación Pública
Reforzar la enseñanza de los valores cívicos y éticos; ampliar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo mismo que el acceso de los jóvenes a bachillerato y la universidad y fortalecer la promoción de la cultura y deporte escolar.
• Secretaría de Economía
Impulsar las competencias laborales, el emprendedurismo y el autoempleo, a fin de crear nuevas opciones de ingreso. Dar un renovado apoyo a la creación de empresas sociales.
• Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Ampliar las oportunidades de capacitación y vinculación laboral, así como el empleo formal.
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Establecer la infraestructura física y tecnológica, para incrementar la seguridad en carreteras y autopistas del país, así como ofrecer oportunidades de empleo temporal en zonas de alta vulnerabilidad social o afectada por desastres naturales.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Realizar acciones junto con la ciudadanía para recuperar espacios públicos.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Agilizar y vigilar un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos destinados al Programa.

Adicionalmente, el Programa considera las siguientes
prioridades:
• Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.
• Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género.
• Prioridades por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana conflictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.
• Prioridades de la participación ciudadana: Integrar a la ciudadanía en los procesos de adopción e implementación de decisiones.
• Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria.

Por último, es importante señalar que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contempla recursos por 2.5 mmp. De éstos, 2.25 mmp se distribuirá entre 50 municipios y 8 zonas metropolitanas, de las 32 entidades federativas; 50 millones de pesos (mdp) para proyectos especiales de cultura y concientización ciudadanas en entidades federativas con altos índices de inseguridad, y se podrán utilizar hasta 8% de los recursos (200 mdp) para la contratación de los servicios necesarios para asegurar la operación de los subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales.

Conclusiones
Con las medidas anteriores, se pretende lograr un verdadero desarrollo social y económico que sólo puede alcanzarse en un entorno en el que se garantice el orden social y el desarrollo de las personas de forma libre y segura, con plena protección de su integridad física y de su patrimonio.
Es por ello, que a través del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Gobierno de la República del Presidente Enrique Peña Nieto reafirma su compromiso de atender, como una prioridad nacional, las causas estructurales de la violencia y la delincuencia en nuestro país para construir un México en paz, terminó diciendo.

nC.P.C. OCTAVIO CHÁVEZ PEÑÚÑURI
Socio de Crowe Horwath Gossler
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