Auditora desmiente la versión de supuesto robo de los documentos contables que probarían el manejo del dinero en el sexenio

Por Carlos Marí
AGENCIA REFORMA
VILLAHERMOSA.- Para la auditora María Elena Abreu Montaño, son incongruentes las circunstancias del robo de documentos del ejercicio de fondos públicos 2006-2012, Administración de Andrés Granier que dejó en quiebra las arcas de Tabasco.
El hecho más ilógico, consideró, es que en una camioneta de pasajeros cupieron todas las cajas con los archivos financieros e incluso quedó libre el asiento delantero, como lo afirma el acta administrativa hecha por funcionarios de la entonces Secretaría de Finanzas Estatal el 24 de agosto de 2012, un día después del presunto atraco.
“Era imposible acomodar en una camioneta todas esas cajas; yo las vi acomodadas en un cuarto de tres metros de largo por tres de ancho, de piso a techo”, sostuvo en entrevista Abreu Montaño, quien solicitó desde 2010 conocer los adeudos a proveedores del Gobierno de Tabasco.
La auditora Abreu Montaño solicitó hace tres años el reporte de gastos a través del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) y después de varias negativas ganó un amparo que obligó al órgano a revelarle las cifras.
Ella misma vio en las oficinas públicas carpetas de argollas de 10 a 12 centímetros de ancho que contenían el soporte de adeudos a proveedores, uno de los rubros del gasto, y contó 352, según refirió en entrevista.
El acta administrativa asienta el testimonio de Víctor Vélez Ortega, chofer que afirmó haber estibado más de 100 cajas de archivo en una Van el 23 de agosto de 2012 hacia las 13:00 horas, y que fue interceptado a pocas calles de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, de donde salió.
El relator sostuvo que fue obligado a dejar el volante al asaltante y que otro individuo se subió al asiento del copiloto y lo hizo agacharse y por la fuerza lo mantuvo así hora y media, por unos 65 kilómetros, hasta un paraje donde fue bajado del vehículo y abandonado.

Cuestionan Mudanza
“Ya no era útil su manejo en la Dirección de Contabilidad Gubernamental”, se lee como la razón para ordenar la mudanza del archivo documental en el acta administrativa, dentro del inciso A del apartado de antecedentes.
“¿Porqué hacer el traslado de una documentación, cuando estaba en procedimiento un litigio (el amparo ante el ITAIP)?, ¿cómo iban a mover una información, cuando ellos no sabían el resolutivo del juicio de amparo?”, cuestionó Abreu Montaño.
Insuficiencia de espacio para contener los papeles y ponerlos al alcance de los ciudadanos que pidieran consultarlos se lee en el acta como otra justificación para mudar los archivos de sitio.

Pérdida de Datos
El viernes, el responsable estatal de Planeación y Finanzas reveló que entre escasos documentos que recibió al inicio del Gobierno de Arturo Núñez de su antecesor, en enero, figura el acta ministerial que reporta el robo de todos los documentos de ejercicio de gasto público de 2006 a 2012.
El faltante, afirmó el secretario Víctor Lamoyi, corresponde precisamente a las erogaciones que dejaron en quiebra las arcas estatales, con deuda bancaria de 17 mil 737 millones de pesos, desvío de mil 918.5 millones de fondos federales y faltantes documentales de gasto en infraestructura por otros mil 301 millones.