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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defensores de víctimas de desaparición forzada acusaron ayer que el Gobierno mexicano carece de una base confiable con datos precisos sobre ese delito.
En audiencia realizada en Washington, Diana Iris García, representante de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México (FUNDEM), lamentó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto “ni siquiera haya reconocido que hay desapariciones forzadas” en un listado que publicó de 26 mil 121 personas desaparecidas de 2006 a 2012, periodo del mandato de Felipe Calderón.
La falta de precisión de los datos básicos y omisiones en las investigaciones, dijo García, muestran falta de voluntad política para resolver los casos denunciados y fomento de la impunidad.
Expuso, además, que en el País no hay ningún banco de datos confiable sobre desapariciones forzadas.
“Hay una tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada y una falta de metodología de investigación de crímenes de Estado”, subrayó Carlos Rodríguez Mejía, coordinador de la mesa de peticionarios.
A pregunta directa del presidente de la audiencia, Felipe González, sobre asesinatos, desapariciones y secuestros de migrantes centroamericanos en su tránsito por México rumbo a Estados Unidos, la representación de México subrayó carencia de datos exactos por parte de las autoridades al respecto.
Nadín Reyes, coordinadora del Comité Hasta Encontrarlos, indicó que la red Verdad y Justicia ha documentado cerca de mil casos de migrantes desaparecidos en el Norte del País y cuyos cuerpos cremados se han entregado a sus familiares.
Junto con defensores de Guatemala, Colombia y Argentina, las representantes mexicanas solicitaron que la CIDH exija a los gobiernos de los cuatro países contabilizar debidamente a los desaparecidos, con criterios exactos y rigurosos para identificar los casos, y que no disminuyan las cifras para ocultar el problema.
El comisionado Rodrigo Escobar Gil refrendó la recomendación de la CIDH a los gobiernos de investigar este delito hasta que aparezca la persona buscada, proveer reparación del daño a los familiares, ayuda a las víctimas y castigo a los culpables.