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Ricardo Raphael

Es de mal gusto cuando los adultos manipulan con un dulce a los niños para plegarlos a su voluntad. Todavía más bajo me parece cuando los muy listillos hacen igual para engañar a otros adultos. Merecen desprecio por su doble soberbia y, como castigo, habrían de padecer prolongada desnudez en medio de la plaza pública.
Fueron engañifas endulzadas las que los legisladores nos recetaron este año para que la ciudadanía diera por buena su reforma política: reelección de representantes controlada por los dirigentes políticos, candidaturas independientes tan difíciles de lograr como el registro de un nuevo partido y una consulta popular ciudadana prácticamente imposible de ocurrir.
La trampa viene en la letra chiquita —en la reglamentación— de cada tema. Nos tomaron el pelo, incluso a quienes ya lo habíamos perdido antes. Para botón de muestra vale la pena criticar a la recién normada consulta popular. Es grande la cantidad de candados puestos para hacerla inviable cuando sea una solicitud ciudadana. (Abuso aquí de los argumentos compartidos por la jurista del CIDE, Ximena Medellín, quien generosamente me alertó de esta circunstancia).
Imagine por un momento que un grupo de personas tiene como propósito hacer que se pregunte a las y los mexicanos si están de acuerdo con la Reforma Energética aprobada por el Constituyente hace pocos días.
El primer paso para arrancar el proceso sería acudir a la Cámara de Diputados para anunciar a los legisladores esa intención. En respuesta, en ese lugar habría de entregarse un formato de solicitud, a ser llenado por los convocantes, y también los formularios foliados donde cada persona interesada en apoyar la iniciativa debería estampar su firma. Si alguno de los documentos referidos no cumpliera con el formalismo previsto, la solicitud de consulta se tendría por no presentada.
Es importante tener en mente que no son objeto de consulta temas como el gasto o el ingreso del Estado. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se buscase consultar sobre el destino de los derechos petroleros o los impuestos que paga Pemex (items que fueron incluidos en la reforma constitucional reciente), el instrumento quedaría invalidado. Tampoco puede preguntarse sobre temas relacionados con los derechos constitucionales de las personas, la materia electoral o la seguridad nacional.
Una vez salvados los primeros obstáculos procedería entonces juntar la firma aproximada de un millón 440 mil personas. Debe aclararse que esas firmas habrían de conseguirse, según la reglamentación aprobada, en al menos 17 entidades de la República y también habrían de representar, como mínimo, al 1 por ciento del padrón electoral en cada una de ellas.
Traguemos más despacio el dulce: no basta con salir a la calle y juntar en el Municipio, la delegación o el estado donde uno vive la signatura de poco menos de un millón y medio de almas. Para que proceda la solicitud hay que recorrer el territorio nacional y juntar firmas en más de la mitad de las entidades federativas, así como asegurarse de que, en cada una, se obtenga al calce de los formatos foliados por la Cámara de Diputados, la firma de al menos el uno por ciento de las personas que aparezcan registradas en la lista nominal de electores. (Por cierto, fue prohibido por la ley que la persona signante apoye más de una consulta popular cada tres años).
Una vez obtenidas todas las firmas, dentro de los formatos y legalismos exigidos, procedería entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara la constitucionalidad de la consulta popular prevista.
Si este tribunal considerara improcedente el esfuerzo, todo trámite previo sería arrojado a la basura. Cabe advertir que no existe recurso alguno para revisar la decisión del máximo tribunal. Tampoco lo hay si la Cámara de Diputados se negara a convocar la celebración de la consulta. En este expediente la indefensión ciudadana quedó como regla y no como excepción.
En el muy remoto caso de que todo lo anterior se resolviera a favor de la parte convocante, al final se requeriría que 40% o más de quienes están inscritos en la lista nominal electoral acudieran a emitir su opinión el día de la jornada. Solo así los resultados serían considerados como válidos.
En estas fechas navideñas quiero hacerlo explicito: si un día prospera en México una iniciativa de consulta popular, en materia energética o cualquier otra, prometo recuperar mi fe en los milagros. Mientras tanto, tengan de vuelta sus dulces y sus mentiras. Mi deseo para quienes hacen las leyes es que en estas fiestas se los guarden donde mejor les lleve su imaginación (que es poca).