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Manuel Camacho Solís

Presume el Presidente Enrique Peña Nieto de contar con una amplia mayoría y a partir de ello justifica sus principales decisiones. Con ese discurso justificó la reforma a los artículos 25, 27 y 28, así como los 21 “transitorios”.
No parece darse cuenta de que su concepto de mayoría está lejos de ser democrático y de que en sus cálculos pasan por alto el propio origen de su investidura y las mediciones sobre el estado de la opinión pública.
El Presidente no contó con el respaldo de la mayoría. A pesar de los altísimos niveles de aprobación con los que empezó su campaña presidencial y que habían sido en buena medida producto de una inversión publicitaria sin precedentes, conforme avanzó la campaña fue perdiendo respaldo. Al momento de la votación consiguió 38% de los votos (32 del PRI y 6 del PVEM), contra 32% de su más cercano competidor. Incluso él sabe a qué punto se cerró esa elección y la inversión que se hizo para movilizar el voto. Ese resultado debería haberlo concientizado de lo relativo de su victoria y de la existencia de una oposición representada por el candidato del Movimiento Progresista que no debería haber desconocido.
Por lo que toca a sus niveles de aprobación, las encuestas —sin excepción— muestran cómo ha venido cayendo éste, a pesar de contar con el gobierno, la publicidad y de golpes de propaganda como lo fue en su momento el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. El nivel de aprobación que registran los principales diarios y las encuestadoras independientes es menor al de sus antecesores y va a la baja. En paralelo ha crecido el malestar social y se han deteriorado las expectativas sobre el futuro. Otras mediciones internacionales independientes, sobre la democracia, la corrupción y la violencia, colocan a nuestro país en una situación de deterioro, a pesar del cambio de gobierno y las muy favorables expectativas que generó el momentum de México.
Su concepción de democracia —donde las mayorías mandan y las minorías acatan— corresponde a una visión claramente autoritaria. En una democracia la oposición es tan importante y merece tanto respeto como el propio gobierno. En una democracia se respetan los derechos de las minorías y desde luego el poder está limitado por lo que establece la Constitución. No debe la mayoría pasar por alto el respeto a la legalidad, como se hizo una y otra vez en el procedimiento para aprobar en el Congreso y en los congresos locales la reforma energética.
En una democracia no se hacen reformas que resten poder al parlamento y al poder judicial como se hizo en nuestro caso. En una democracia se escucha a la opinión pública, no se le compra con campañas de publicidad, concesiones, controles y filtraciones de los aparatos policiacos.
En una democracia se abren espacios para la democracia participativa. Se llevan a referéndum las decisiones más controvertidas. El argumento de que las mayorías mandan, en el contexto al que se hace referencia está vacío.
Si algo necesita nuestro país es alejarse de esa herencia autoritaria —de esa vocación a restaurar la presidencia imperial— caracterizada por la negación de la separación de poderes, de la opinión libre y de rendir cuentas. No es sano para el propio poder creerse su discurso de las mayorías, cuando como en el caso del petróleo, las mayorías tienen una posición contraria. Cuando frente a lo que se anticipa, si algo se necesitaría es un Estado con capacidad de regulación. Cuando hay minorías que ante la cerrazón del poder pueden optar por las vías anti institucionales y cuando está de por medio un largo trayecto de cinco años donde inevitablemente se presentarán obstáculos, riesgos y nadie quisiera transitarlos con sectores amplios de la población enardecidos.
El discurso de la omnipotencia de las mayorías no es un discurso democrático. Es un discurso de prepotencia. Es un signo de la hibris que si no se controla a tiempo puede llevar a la némesis.