Por Ángel Villarino
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Tribunal del Distrito Oeste de Texas rechazó la tarde de ayer conceder una orden de restricción temporal con la que se pretendía retrasar la ejecución del mexicano Édgar Tamayo y con ello aumentar las posibilidades de que fuera indultado.
Sus abogados apelaron ante dicha Corte para tratar de evitar que la capacidad de indulto sea competencia exclusiva del gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, y de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.
“Permitir que el destino del señor Tamayo sea decidido por una junta directiva que se ha negado a proveer un análisis significativo de su retraso mental y que su juicio fue fundamentalmente injusto es una afrenta a lo se supone que sea la clemencia en nuestro sistema de justicia”, señalaron las abogadas Sandra Babcock y Maurie Levin.
“Es inexcusable que, en un caso de esta magnitud, que tiene repercusiones internacionales, que puede poner en peligro a millones de estadounidenses en todo el mundo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se niega incluso a reunirse para discutir los méritos de la solicitud de clemencia del señor Tamayo”, agregaron.
Las litigantes se manifestaron profundamente decepcionadas por la decisión de la Corte, pero aseguraron que lucharán hasta el final porque el caso pueda ser revisado.
Con los recursos legales ya virtualmente agotados, la última opción es realizar una apelación desesperada ante la Corte Suprema.
La ejecución de Tamayo está programada para hoy.
Originario de la comunidad de Miacatlán, en el Estado de Morelos, Tamayo fue sentenciado a la pena capital acusado por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994.
De 45 años de edad, es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte amparados por el fallo de la CIJ, que ordena a Estados Unidos revisar todos los casos en los que se haya violado el requisito de informar a los reos su derecho de notificación consular.