Banner

EL UNIVERSAL
CHILPANCINGO.- Las guardias comunitarias se extendieron en Guerrero; ahora surgieron en ocho comunidades del Valle de El Ocotito, en Chilpancingo, quienes anunciaron que llegaron para combatir al crimen organizado, pues, afirmaron, se cansaron de ser extorsionados, secuestrados y asesinados.
El pasado jueves, coordinados por policías comunitarios de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabeza Bruno Plácido Valerio, realizaron cateos en casas de las comunidades de Cajeles, Mojoneras, El Rincón, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud, La Haciendita y el Ocotito, donde capturaron a 11 presuntos delincuentes; este viernes, liberaron a seis.
Justino Ocampo, coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en El Ocotito, reiteró que no darán marcha atrás, porque están cansados de sufrir secuestros, extorsiones y asesinatos. “Dimos aviso al Gobierno, pero no nos hicieron caso”.
El alcalde de este Municipio, Mario Moreno Arcos, declaró compartir la idea de la UPOEG, pero lamentó que no le informaran que entrarían al Valle de El Ocotito. “Quizá hubiéramos llegado a acuerdos en materia de seguridad en las instancias correspondientes”, reprochó. El Valle de El Ocotito se encuentra a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal.
El edil descartó que ahí pueda darse el mismo fenómeno y aseguró que gestiona recursos y sostiene reuniones con autoridades federales para reforzar la seguridad.
El vocero del Gobierno Estatal, José Villanueva, informó que hoy se reunirá el grupo de coordinación en materia de seguridad, que presidirá el gobernador Ángel Aguirre, para analizar el surgimiento de las autodefensas y las acciones a seguir. Descartó un “michoacanazo”.
Mientras, el dirigente de la CANACO, Pioquinto Damián Huato, dijo que los comerciantes de esta capital ven con buenos ojos la formación de las policías civiles y adelantó que la próxima semana darán a conocer su propio plan de acción en materia de seguridad.
Informó que “los grupos del crimen organizado llegan a los establecimientos a imponer cuotas que van desde los 50 mil hasta 200 mil pesos, lo que ha obligado al cierre de 64 negocios en el 2013 y dejado sin empleo a más de 400 trabajadores, aparte de los 80 secuestros”.
En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre la presencia de grupos de autodefensas en 46 de los 81 municipios de Guerrero, que representan el 65.47 % de la población total del Estado.
El informe, que fue rechazado por el Gobierno, no incluía a Chilpancingo, hasta donde han avanzado las guardias civiles.
El Gobierno Estatal, el pasado 7 de enero, dijo que en la Entidad sólo hay policías civiles en 35 municipios, aglutinados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la UPOEG.
En Veracruz, el secretario de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez aseguró que “las autodefensas están reglamentadas en el artículo 17 de la Constitución, pero no con el libre albedrío de los particulares, por lo que cualquier persona que porte armas en la calle, o fuera de su domicilio, está cometiendo un acto ilícito, por ello deben de quedar sujetas a este artículo”, insistió.