Santiago Corcuera

El 27 de enero, SEGOB emitió un boletín en el que se da a conocer el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, firmado por el Gobierno de la República, el Gobierno de Michoacán, y las autodefensas, hasta ese momento, grupos civiles armados al margen de la ley.
La mera existencia de las autodefensas despierta inquietudes encontradas. Por un lado, parece injusto que los ricos puedan tener “autodefensas legales”, llamadas escoltas o guardaespaldas; que puedan contratar servicios de seguridad privada con personal armado, todo ello en situación regular y que los pobres no pudieran organizarse para su protección, cuando el Gobierno es incapaz de cumplir con su función fundamental de seguridad pública, como lo ordena el artículo 21 constitucional.
Ante tal situación, se genera la idea de que es necesario que los grupos armados al margen de la ley sean reconocidos, si fuera el caso, como una reacción natural de la ciudadanía extorsionada y sometida por los grupos del crimen organizado. Parecería que la existencia de las autodefensas son producto del ejercicio del derecho a la legítima defensa, por verse expuestas, no a un riesgo de agresión real, actual e inminente, sino a la agresión ya materializada, constantemente, por las extorsiones y al riesgo real, actual e inminente de perder la libertad o la vida si no se cumplen con las exigencias de los criminales.
Frente a esa realidad parecería una medida apropiada “legalizar” las autodefensas. Pero, no deja de ser preocupante.
De acuerdo con la información de SEGOB, las autodefensas se incorporan a los “Cuerpos de Defensa Rurales”, regulados por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanas; es decir, son cuerpos militares, y según la ley, están bajo el mando de militares profesionales. Los cuerpos de defensa rurales se integran con personal voluntario de “ejidatarios”. Sin duda, las autodefensas se conformaron espontáneamente y sus integrantes se adhirieron a ellas de manera voluntaria. Lo que no queda claro es si todos sus integrantes son ejidatarios. No parece ser el caso.
Lo que también queda claro es que formalmente, al “regularizar” a las autodefensas, se ha militarizado Michoacán de manera inquietante. En este espacio, ya he expresado mi parecer sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y sus nefastas consecuencias, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, como lo han expresado las instancias internacionales tanto de la ONU como de la OEA.
Por otro lado, una vez incorporadas las autodefensas a los cuerpos de defensa rurales, todo abuso que éstas cometan dejarán de ser simples faltas o delitos cometidos por particulares, para convertirse en violaciones de derechos humanos en el sentido estricto del término, con la consecuente exposición que esto representa para las Fuerzas Armadas y para México a nivel internacional. La prometida ley sobre el uso adecuado de la fuerza por parte de las fuerzas federales, resulta hoy más urgente que nunca, para que a ella quede sometido todo agente policíaco o efectivo de las Fuerzas Armadas, rurales o no. Si se alcanza la paz social y el orden público, el siguiente desafío será la desmovilización de las autodefensas y su reincorporación a sus actividades agrícolas y ciudadanas.
A pesar de mi confusión, me inclino a pensar que, dentro de las circunstancias, las medidas hasta ahora adoptadas parecen correctas, pues de algún modo se reconoce el derecho de los pobres a defenderse, y la asunción del control por el estado de los cuerpos armados irregulares. Sin duda hay que cuidar la legalidad, que parece vulnerada con estas medidas, y buscar su regularización.