Son agentes de la PESP los involucrados: lo acusaron por error de vender droga

Por Javier Camacho

TRIBUNA

Tremenda golpiza recibió un vecino de la colonia Villa Bonita, de parte de varios elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que lo acusaban de vender droga, pero al ver que se habían equivocado lo amenazaron con matarlo, así como a su familia en caso de que denunciara, aun así lo hizo, pero el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) se niega a investigar y castigar a los responsables.

Miguel Cornelio Martínez López, de 34 años de edad, quien vive en dicho sector, de oficio jornalero, dijo que los agentes estatales le dieron de patadas, puñetazos y hasta con el “lomo” de un machete.

La golpiza fue tan severa que su mujer, Antonia Álvarez Fontes, tuvo que trasladarlo al Hospital General, donde lo diagnosticaron con hematomas, raspones, y lesiones musculares en cuerpo, rostro y cabeza.

El afectado explicó que los hechos sucedieron el pasado 28 de diciembre; por temor no lo había dado a conocer, pero al ver que el (MPFC) le está dando “largas” al caso y por miedo de que los elementos de la PESP cumplan su amenaza, optó por denunciar públicamente la tortura física y mental que sufrió por parte de los tres elementos policíacos, entre los cuales andaba una mujer.

Explicó que laboraba con un carrocero y el día de los hechos, a la 13:00 horas del sábado, fue a comprar algunas cosas a una ferretería de la colonia Villa Bonita.

Al regresar lo interceptó una unidad policíaca estatal, a la cual le alcanzó a ver el número 39, de donde descendieron dos individuos y una mujer que lo revisaron y después lo subieron para enfilar al monte que se ubica al poniente de la calle California, cerca de la fábrica de los “chinos”, donde lo golpearon hasta que se cansaron, a la vez que le insistían que les dijera dónde estaba la droga que vendía y cuando les respondía que trabaja honradamente, más lo pateaban.

Posteriormente, uno de los policías le puso “saldo” al celular de Miguel Cornelio y le mandó un mensaje a su esposa, Antonia Álvarez, con el fin de que cayera en un error y confesara que vendía droga, pero no sucedió así y tuvieron que liberarlo.

Dijo el afectado que el representante social no ha declarado a los tres agentes involucrados en la “tortura” de esta persona.

Miguel Martínez reveló que acudirá ante el procurador Carlos Navarro Sugich para que se le haga justicia, pero también pondrá su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).