Alfonso Zárate

A lo largo de más de una década, desde su escape del penal de Puente Grande, su vida se transformó en leyenda. Con estudios precarios —apenas cursó el tercer año de primaria—, su inteligencia natural lo convirtió en cabeza de un verdadero emporio trasnacional: el Cártel de Sinaloa, que según académicos e investigadores policiacos es responsable del trasiego de casi la mitad de la cocaína que llega a Estados Unidos.
En torno a Joaquín Guzmán Loera se contaban tantas historias: que lo habían visto, simultáneamente, en Mazatlán, Los Cabos y Guadalajara; que de vez en cuando se aparecía por un restaurante de Culiacán y sus guardias recogían los teléfonos celulares de comensales y empleados (para evitar pitazos), pero terminaba pagando la cuenta de todos; que vivía en Durango, como lo denunció el arzobispo Héctor González Martínez, aunque también en Guatemala (donde fue capturado en 1993) o hasta en la misma Unión Americana. No faltó lo grotesco, indispensable para adornar la saga del self made men: la revista Forbes lo incluyó cuatro años consecutivos entre los hombres más ricos del mundo.
Dámaso López Núñez, el jefe de Seguridad en Puente Grande que fue dado de baja unos días antes de la fuga, se convirtió en uno de sus próximos: lo hizo compadre. Otros participantes en la trama que llevó a su escapatoria, incluido el director del penal y varios custodios, fueron procesados y cumplieron sentencias. Se dice que “El Chapo”, como cacique generoso, nunca abandonó a las familias… Sólo que, como en los mejores narcocorridos, al tejido de “hazañas” y delirios le hacía falta el corolario: su recaptura y vuelta a prisión. El sábado pasado se escribió el desenlace.
La decisión de dar con él fue contundente. La Operación Gárgola llevó a cateos, maniobras tácticas y aprehensiones de gente clave hasta llegar al objetivo. Como ocurrió en los años de Felipe Calderón, la Marina Armada de México ratificó su calidad de brazo ejecutor de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), lo que explica la eficacia de sus golpes (basta recordar el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en Cuernavaca).
En la administración anterior, el objetivo primario fueron “Los Zetas”, por ser el cártel más sanguinario y el que, con las extorsiones y secuestros, más lastimaba a la sociedad. La violencia del Cártel de Sinaloa, por el contrario, era la indispensable para el desarrollo de sus negocios; y, en casos extremos, para responder con la misma ferocidad a sus adversarios, “Templarios” y “Zetas”.
En su columna de El Universal, Carlos Loret de Mola refiere que durante su traslado en avión de Mazatlán a la Ciudad de México el capo se refirió a Servando Gómez, “La Tuta”, y a “Los Caballeros Templarios” como “rateros mugrosos”, y marcó sus distancias: “Yo soy un narcotraficante. Yo no secuestro, ni robo, ni extorsiono, ni nada de eso”. Pero, asimismo, asumió la responsabilidad de “dos mil o tres mil” asesinatos.
Como es usual en estos casos, distintas voces del gobierno de Estados Unidos reclaman la extradición de Guzmán Loera. Petición inatendible por razones jurídicas y de simple integridad institucional. “El Chapo” debe responder ante la justicia mexicana, pagar el daño infligido a la sociedad y cumplir sus sentencias en territorio nacional.
Por lo demás, la exitosa Operación Gárgola no es, no debería ser, el fin de la historia; una historia de simulaciones, ineptitudes y connivencia de autoridades de todo orden y nivel que constituyen la densa red de protección que permitió la expansión del negocio criminal por todo el continente, regiones de Asia y Europa. ¿No habrá castigo para quienes lo “cuidaron” durante trece años? ¿Para quienes, desde la apariencia de honestos hombres de negocios, lucraron y lucran con el cártel? ¿Para los “lavadores” y operadores financieros incrustados en la economía legal? ¿Para los encargados del trabajo de ingeniería que implicó construir túneles disimulados que intercomunicaban siete propiedades en Culiacán o la instalación de puertas de acero y complejos sistemas de videovigilancia?
La aprehensión del capo merece el reconocimiento público. Pero se requiere la misma determinación y eficacia para reducir los secuestros y las extorsiones a su mínima expresión. Tarea que, por fortuna, ha sido encomendada a un profesional respetado como Renato Sales Heredia.