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Plantea contralor del Instituto Electoral impulsar contralorías autónomas

EL UNIVERSAL

CD. DE MÉXICO.- El contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, criticó que en órganos del Estado mexicano prevalezcan funcionarios que piden ‘moches’ a cambio de favores; realizan viajes innecesarios a costa del erario; se auto asignan sueldos o promueven el “avanzar transando”.

Planteó un escenario del que no se ha podido erradicar la corrupción en el País, y propuso por ello reformas que permitan la auditoria efectiva de los recursos públicos sin que sea nugatoria la imposición de sanciones o prevalezca la impunidad.

Guerrero presentó su libro Modelo de una Contraloría General en un órgano constitucional autónomo, en el IFE, acompañado del consejero presidente del Instituto, Marco Antonio Baños; del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, del encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública Julián Alfonso Olivas Ugalde, y del politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El contralor pidió al Poder Legislativo impulsar contralorías autónomas, cuya característica principal es que los auditores, al ser nombrados por la Cámara de Diputados y no removibles -salvo por causa grave- pueden actuar y hacer señalamientos en libertad, “sin que su permanencia laboral esté en juego”.

De manera particular se pronunció por impulsar este tipo de instancias autónomas en todas las dependencias y entidades de la administración pública, pues, por el contrario, en las reformas por las que se creó el órgano anticorrupción no se prevé tal autonomía.

Se establece ahí que los responsables de los Órganos Internos de Control (OIC) de todas las dependencias “sean nombrados por sus titulares, esquema que no comparto”.

Así, propuso contralorías generales autónomas en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el Banco de México y el ISSSTE.

Colocó a la autonomía del auditor en el centro de su propuestas para garantizar una fiscalización efectiva, pero destacó también el perfil del fiscalizador; el fortalecimiento de las tareas de auditoria; la revisión de criterios en el fincamiento de sanciones, claridad en plazos y procedimientos para impugnar, además de infraestructura tecnológica.

Además de las capacidades técnicas el auditor, recomendó, no debe pretender el “lucimiento político”, ver a las contralorías como agencia de colocación o medio para hacer amistades.

Es inevitable la confrontación con el auditado, pues revisar y sancionar el ejercicio de recursos públicos no es actividad popular, planteó al recordar el caso que encabezó al evidenciar el Fondo de Modernización Inmobiliaria o “cochinito”, integrado de manera irregular con economías del IFE y cuyos recursos finalmente tuvieron que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Consideró que pudo ganar amistades de haber guardado silencio o avalar ese proyecto, “pero mi trabajo no es acumular amistades”.

Otra problemática expuesta por Guerrero Pozas fue la “laxitud” con que se revocan sanciones administrativas “argumentando errores procesales”, por lo que requirió criterios que establezcan con claridad plazos y caminos de impugnación y compromiso del Poder Judicial con el combate a la corrupción.

Destacó además la poca capacidad para inhibir faltas, pues por ejemplo en casos de corrupción que involucran altos montos de recursos lo complejo del establecimiento de sanciones económicas hace que los involucrados puedan conservar, transferir o diluir recursos “sin que la destitución o inhabilitación les genere preocupación alguna”.

En tanto las denuncias son desestimadas por el Ministerio Público debido a que no tienen capacidad ni el perfil adecuado para investigar faltas administrativas o bien, incurren en demoras que permiten evadir las responsabilidades. Por eso es “apremiante revisar la eficacia del régimen sancionatorio en el ámbito administrativo, así como los mecanismos de coordinación entre fiscalizadores y ministerio público”, expuso.