Por Federico Osorio Altúzar


ACUEDUCTO INDEPENDENCIA: ¿EL ÚLTIMO CONVENIO?


La firma del convenio protagonizado por la Tribu Yaqui coincide con el Decreto Presidencial que da al País, finalmente, un Código Único de Procedimientos Penales. El Presidente Enrique Peña Nieto asegura que, a partir de hoy, México es una Nación en donde se administra justicia en forma ejemplar: de manera pronta y expedita.
Los pueblos yaquis, destinatarios directos de acciones arbitrarias y de rapiña, violatorias de sus garantías y derechos, ahora le dan credibilidad y un voto unánime de confianza al Ejecutivo federal que, de acuerdo con sus iniciativas y acciones en pro de la seguridad, cumple sus compromisos y avala con hechos sus palabras. Convertido el enunciado en bandera de combate y símbolo de un estilo renovado de mandar, lo anterior llega a oídos de los Yaquis enhorabuena: coincide con la firma del convenio aludido a fin de levantar el bloqueo carretero; llevar a cabo una consulta interna, técnica desde el punto jurídica y desde la perspectiva de la ciencia basada en información comprobable y objetiva, para asumir después los compromisos que deriven de la resolución final, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Tribu sufre dolorosa experiencias: haber sido menospreciada una y otra vez; sobrelleva el estigma de ser considerada legado oneroso y su gente padece vejámenes y marginación desde los remotos tiempos de la Reforma en el siglo XIX hasta nuestros días.
La actual disputa que libran no es un sin sentido, sino la confirmación de la embestida desde el poder con objeto de propiciar su eventual extinción, tal y como lo expusieron sus representantes legales ante el máximo organismo internacional, la ONU.
Peor desgracias no hay que la del pobre que sufre el robo de la choza en la que vive, que se cancelen los veneros del agua que consume. Y el colmo: que se le declare enemigo indeseable, obstáculo para el bienestar y el progreso de los demás.
Bien lo dicen los voceros de la etnia en lucha contra la injusticia de verse bajo el riesgo de perder bienes y recursos de su propiedad, y bien que denuncien, por sus nombres, a los hostigadores que buscan arrebatarles sus predios y avíos con artilugios, engaños, amenazas y falsas promesas. Así, las tierras heredadas y los recursos como el agua de la Cuenca del río que lleva el adjetivo que los identifica: el Río Yaqui es para ellos como para los productores del Sur del Estado, fuente de vida, manantial de subsistencia, símbolo de esperanza y del sostén de cada día.
Hoy los líderes de la Tribu hacen la concesión y la puntual advertencia. Levantarán los retenes y estudiarán, entre tanto, las propuestas sobre un futuro de bienestar a cambio de permitir a otros el uso y usufructo del agua, compartiendo el recurso bajo condiciones precisas, inequívocas e innegociables. Por caso, demandan la construcción, en plazos perentorios, plantas desaladoras y de tratamiento del vital líquido procedente del mar para el abasto requerido.
Pero la Etnia Yaqui no está abandonada a su suerte, ni sus medios de existencia están a subasta del mejor postor.
No, no ha estado sola la Tribu desde comienzos de su histórica confrontación. El Movimiento Ciudadano los avala. Y al frente ha estado, está, y sin duda estará, el alcalde de Cajeme, con todo el peso de su autoridad oficial y moral, el munícipe Rogelio Díaz Brown, adalid de un municipalismo beligerante y justiciero sobre el que se construye el nuevo federalismo liderado por el Presidente de la República. La Reforma del Estado en marcha lo asegura, Asimismo, los productores del Valle, secundan y respaldan la pundonorosa batalla.
La tregua iniciada por parte de la Tribu es, sin duda, la última llamada para oídos sordos que no escuchan y ojos indiferentes que no quieren ver.
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