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Silvano Aureoles

El día de ayer, 6 de marzo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta enviada por el Senado con algunas modificaciones a la ley de consulta popular, reglamentaria del artículo 35 constitucional. Ley que regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados sobre temas de interés para la ciudadanía.
Las modificaciones hechas por los senadores, --que constituyen el motivo de la devolución--, estriban en que, para determinar el concepto de los temas de trascendencia nacional, que pueden ser objeto de consulta popular, lo serán únicamente por su repercusión en la mayor parte del territorio nacional y por su impacto significativo en la población y en el establecimiento de la posibilidad para los ciudadanos de respaldar más de una consulta popular.
También, la revisora definió la participación de las dos cámaras del Congreso en el proceso de la consulta y estableció facultades al Instituto Nacional Electoral para cancelar la propaganda y dar inicio al proceso de sanción para quien haya contratado propaganda sobre la consulta popular. Con lo que a los promoventes se les quitó la posibilidad de hacer difusión de la consulta, hecho que a algunos les parece coartar la posibilidad de difundir entre la población la materia de la consulta, el sentido de la o las preguntas y limita la convocatoria a la participación, no sin razón. No obstante, también debemos considerar que no es un derecho que queda en manos estrictamente de los ciudadanos, sino que la participación de los poderes de la Unión le pone un ingrediente de los necesarios equilibrios.
Esta ley es una herramienta fundamental de la participación ciudadana. En circunstancias de menoscabo de la democracia representativa, es también una alternativa de la democracia directa.
Aparentemente, la aplicación de la legislación tiene dificultades operativas, particularmente sobre la recolección de las firmas.
A pesar de su importancia para la vida democrática del País, pareciera que contar con las bases para llevar a cabo consulta popular sólo es de valor para la izquierda. Pero el poder público también tiene interés y oportunidad para legitimarse con la opinión de la mayoría de la población. La consulta no es entonces, solamente una voz de la población que por la vía jurídica indicará al Gobierno el sentir de la sociedad en temas de interés.
La consulta popular puede también convertirse en una herramienta para consolidar la posición política de las facciones mayoritarias. Por lo que el uso de los medios de comunicación debe de ser responsable para escuchar el verdadero sentir popular y evitar distorsionar los propósitos.
El modelo que contempla la ley es para ponerse en práctica cada tres años, en el mismo día que se desarrolle la jornada electoral federal. El contar con la consulta popular ha sido una demanda histórica de la izquierda y ha tenido un largo proceso de construcción. Todavía falta tiempo para hacerlo realidad, está pendiente su sanción y publicación en el Diario Oficial.
No sabremos de sus alcances y la efectividad sino en la medida que se conozcan las experiencias de las y los ciudadanos, el sentido de sus decisiones, la fuerza vinculante del resultado y la voluntad política de los órganos del Estado mexicano para hacer, en su caso, las modificaciones a las leyes mandatadas por el pueblo, vía la consulta popular. En el balance, el contar con la Ley Federal de Consulta Popular, es un avance.