Enrique Cárdenas Sánchez

Hace unos días el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que ya no se modificará ningún tipo de impuesto en lo que queda del sexenio, a menos que haya una crisis imprevista. En efecto, se trata de la primera vez en años que el Ejecutivo toma una decisión de esta naturaleza... y la justificación es dar certidumbre en torno a la estabilidad, tanto a empresas como a individuos, sobre la estructura impositiva del País en los próximos cinco años.
Ahora bien, no todas son ventajas en esta decisión (se hubiese tomado hace mucho tiempo); y no, tampoco son todas desventajas (¿quién busca hacerse daño a sí mismo?). Estamos frente a una decisión de política que lleva en sí misma tonalidades.
Vayamos pues a las ventajas: no habrá misceláneas fiscales; es decir, las reglas del juego no cambiarán junto con el año. Asimismo, se ataja el aún latente descontento del sector privado tras la reciente Reforma Fiscal... la cual --léase entre líneas-- no tiene marcha atrás, para bien y para mal.
Por su parte, las desventajas son varias. En primer lugar, la Reforma Fiscal significó la sustitución de la antigua Ley del Impuesto Sobre la Renta por una nueva. Aún no sabemos cómo funcionará. Recordemos que cualquier cambio de este tipo genera distorsiones en los mercados y en las reacciones de empresas e individuos. La gente a de ajustarse ante las nuevas reglas y el resultado permanece en incógnita. Miles de amparos se han interpuesto en contra de diversos aspectos de la reforma, y su resultado tampoco se conoce, ni su impacto en la recaudación. Hay dos escenarios: de ganar el Gobierno todos los amparos, la recaudación será la esperada. Esto en el mejor de los casos. Si es que pierde algunos o muchos, la recaudación sin duda disminuirá.
En segundo lugar, varios de los ofrecimientos de campaña, y del mismo Pacto por México, implicaban un aumento en la recaudación para poder financiar ciertos programas. Uno de ellos, de gran envergadura y que por cierto, prometía cambiar la fisonomía del País, era el sistema de protección social universal. La reforma aprobada no genera los recursos necesarios para llevarla a cabo. Bajo la promesa de no tener nuevos impuestos, la posibilidad de protección social universal para todos los mexicanos se minimiza, por decir lo menos. Habrá “pensión universal”, sí, pero muy parcial y seguramente con las mismas fallas que arrastra el sistema. Habrá salud... pero quizá no para todos, ¿seguros para gastos catastróficos? También habrá... para grupos específicos, y así un largo etcétera. Un verdadero “México incluyente”, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, quedará todavía muy lejos de lo que se había visualizado. Aunado a lo dicho, las necesidades del Gobierno, tal como están en este momento, crecerán con el tiempo. Tal es el caso del costo de las pensiones, o el aumento de la población que entra en la fase de enfermedades crónico degenerativas, cuya atención es muy costosa.
Si no se cambian impuestos --esto como tercer punto-- y hay muchos más gastos que realizar, el Gobierno resentirá una enorme presión en tres campos: el gasto público tendrá que ser mucho más eficiente, presión muy saludable y que la sociedad demanda a diario, pero difícil de lograr; el Sistema de Administración Tributaria tendrá que ser de verdad efectivo para disminuir la evasión y la elusión fiscales, para recaudar más con los mismos instrumentos. Lo anterior es lo óptimo... pero nuestros antecedentes nos pintan otros escenarios. Finalmente, la actividad económica tendrá que crecer mucho más rápido que lo registrado hasta ahora. Sólo si ésta se acelera, si la gente tiene más ingresos, habrá más recaudación.
En otras palabras: dada la decisión gubernamental de no recurrir a nuevos impuestos, el reto ahora se centra en hacer más eficiente el gasto, más efectiva la recaudación, y atraer la inversión privada, nacional y extranjera, para lograr una alta tasa de crecimiento económico. Son tres retos que en lo personal saludo. Ojalá que el Gobierno esté a la altura para superarlos... de no ser así, el secretario de Hacienda tendrá que romper su promesa.