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Sergio López Ayllón

La madrugada del jueves 27 de febrero se dio la noticia. El presidente del Senado anunció que “no se alcanzaron los acuerdos para mantener a los actuales comisionados”, por ello los cuatro funcionarios del IFAI tuvieron que apagar sus velitas y hacer sus maletas. Las razones para esta decisión, más allá de la falta de los votos necesarios, permanecerán en la sombra. Fiel a un viejo hábito parlamentario mexicano, el legislador decidió pero no explicó, aún y cuando se trata de una resolución que atañe al órgano constitucionalmente diseñado para iluminar la caja negra del secreto administrativo y político.
Esta decisión abre la puerta a que el Senado designe a siete nuevos comisionados que tendrán como misión encabezar el nuevo entramado institucional de la transparencia en el País, que se cimienta en los principios constitucionales de máxima publicidad de la información gubernamental y la obligación de documentar el ejercicio de las funciones, competencias y facultades de las autoridades. ¿Cómo hacer de este proceso un ejemplo de transparencia?
A diferencia del procedimiento para integrar otros órganos (por ejemplo la Comisión de Competencia, el IFETEL o el INE) la Constitución dice poco sobre el proceso de designación. La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los presentes, designará a los comisionados.
Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política emitido para este procedimiento cambió sutilmente las reglas constitucionales. El acuerdo permite que prácticamente cualquier persona se inscriba al proceso, también omite precisar cómo se hará la “amplia consulta” a la sociedad y desplaza a los grupos parlamentarios por la Junta de Coordinación Política y varias comisiones. Nada sobre los criterios y razones.
Pero no todo está perdido. El Senado expedirá una convocatoria y en ella existe una nueva oportunidad para romper el velo que cubre este procedimiento. Sería sencillo lograrlo: bastaría con establecer algunos criterios que puedan servir para la ponderación de los perfiles de los candidatos y que permitan, a la sociedad y al propio Senado, expresar las razones de sus decisiones. Estos criterios pueden considerar la trayectoria profesional, acreditada y verificable, de los candidatos en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; su objetividad, autonomía e independencia frente a los partidos políticos; la experiencia en el trabajo de cuerpos colegiados; y criterios que aseguren la integración del órgano con base en la pluralidad de experiencias y conocimientos, equilibrio regional y género. Si quisieran ir aún más lejos, se podría considerar que una integración ideal debería incluir perfiles con conocimientos en materia de Administración Pública Federal y Estatal, Poder Judicial y Legislativo, sindicatos y partidos políticos, derecho constitucional, derechos fundamentales y sociedad civil. Todos estos elementos constituyen el amplio espectro en el que deberá incidir el nuevo IFAI.
Los senadores tienen ante sí el reto de concluir el proceso de designación con legitimidad, apertura y autonomía, haciendo honor a su función y al mandato constitucional. Es obvio que se trata de designaciones políticas --en el más amplio sentido de la palabra-- y nadie debe asustarse por eso. El enorme paso que puede darse es construir condiciones que permitan a los senadores dar cuenta de sus razones y con ello otorgar amplia legitimidad de origen al nuevo IFAI. Se trata simplemente de recordar, como sostuvo Kant, que la única manera de conocer la justicia o injusticia de un acto, una decisión o una ley es haciendo públicos los principios y razones que los animan.