Héctor Froylán Campos

Justicia: tarda, pero llega

La lentitud con que se imparte justicia en los tribunales de nuestro País, es y ha sido desde tiempos inmemoriales una crítica constante y permanente.
Justicia que llega tarde, no es justicia, postula no sólo el más notable de los jurisconsultos, sino también el más desharrapado de los justiciables. Pero en ocasiones hay que reñir con esta arraigada y popular sentencia. Y es que, con esa genialidad que lo inmortalizó, don Mario Moreno “Cantinflas” expuso alguna vez que si la justicia demora, se debe a que es ciega; no sabe dónde anda. Ya llegará… ya llegará, decía el desaparecido mimo.
Es cierto que cuando se logra alcanzar el fin supremo de la justicia que es el dar a cada quien lo que en derecho corresponda, muchas veces resulta estéril e insuficiente el veredicto para resarcir o reparar el daño de la víctima. En México existe una gran cantidad de casos que documentan estas historias.
Por otro lado, están aquellos juicios cuyo trámite procesal invariablemente transcurre de manera pausada, demasiado lento. Quizá porque así lo prevé la ley.
El asunto es que, cualquiera que sea la circunstancia en que por fin brille el impero de la justicia, siempre habrá motivos para saludar su alumbramiento.
Traigo a cuento estas ideas para significar dos hechos, dos sentencias dictadas en Sonora –durante la semana anterior— en contra de funcionarios del Gobierno Estatal y ex funcionarios municipales.
Ambas resoluciones, quiérase o no, robustecen la confianza y credibilidad ciudadanas en los órganos responsables de administrar e impartir justicia.
En primer término, está el fallo dictado por la juez primero civil Olivia Guadalupe Elías Ruiz, quien decretó la nulidad absoluta de los títulos de propiedad expedidos por el Ayuntamiento de Huatabampo a favor de la inmobiliaria CDC en agosto del 2009.
Bien recuerdo que fue a principios de la anterior Legislatura cuando el entonces diputado Bulmaro Pacheco Moreno llevó ante la tribuna del Congreso la denuncia de la venta irregular de terrenos en la playa de Huatabampito.
En la transacción, a todas luces ilegal, según lo confirma el laudo de la juez, están involucrados el ex alcalde César Bleizeffer, Romeo Planagumá y otros funcionarios de esa administración municipal.
El político y analista decía por aquellos días que el metro cuadrado de playa fue vendido a precio de ganga. Es más caro el metro de franela de lo que pagaron los compradores.
El expediente administrativo y penal tiene varias aristas puesto que el terreno, al parecer, es propiedad de la Federación. Otra de las anomalías es el hecho de que los ingresos por concepto de la operación (algo así como 12 millones de pesos) se esfumaron de la cuenta donde estaban depositados.
Ahora que la titular del juzgado ha nulificado todos los actos relativos a esta compra-venta (títulos, cancelación de escrituras e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad), Pacheco Moreno celebró el laudo: la justicia tardó y llegó, pero finalmente llegó demostrando que quienes denunciaron el caso siempre tuvieron razón, escribió en la red social del Facebook.
Obviamente que el asunto no habrá de parar con esta resolución. Irremediablemente alguien o algunos deben ser encauzados para que respondan por esta acción indebida e ilícita, y por supuesto, se les exija la devolución del dinero.
Y en segundo lugar, como no reparar en la resolución emitida por un tribunal federal en contra del vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y coordinador del Fondo de Obras Sonora Sí, Enrique Martínez Preciado, actualmente procesado por haber resultado culpable del delito de desacato.
Esta ocasión, el juzgador no sólo ha confirmado el veredicto de Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito, quien el 14 de mayo del 2013 condenó al funcionario a un año de cárcel (anda en libertad bajo caución), el pago de una sanción económica y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un año.
Además de ratificar la sentencia por desacato –le decía- también resolvió ordenar el cese inmediato de Martínez Preciado, en sus funciones como servidor público.
La verdad es que nos parecía inaudito e inaceptable que una vez declarado culpable por el delito de desacato, el titular de la CEA siguiera tan campante y sonriente al frente de una dependencia del gobierno donde se presume deben despachar profesionistas sin tacha, ni antecedentes penales.
Tanto en el caso de Huatabampo como en este largo litigio por desacato a las resoluciones judiciales dictadas en el conflicto legal del acueducto Independencia por parte de varios funcionarios del Gobierno Estatal, ciertamente la acción de la justicia habría demorado.
Y llegó a medias, pero llegó. Eso es lo que cuenta.
Es cuanto.