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Por Francisco Nieto
y Horacio Jiménez
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias entregó a la Cámara de Diputados un informe en el que recomienda al Gobierno Mexicano evitar que sus funcionarios hagan declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte, sin antes haberlo verificado al 100 por ciento.
“Los funcionarios gubernamentales no deberán hacer declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente. De igual manera, jamás debería estigmatizarse a las víctimas de la violencia”, detalla el documento.
El 10 de diciembre de 2010, el entonces vocero de Seguridad Nacional del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, Alejandro Poiré, informó que contaban con información en el sentido de que el delincuente Nazario Moreno “El Chayo” había sido abatido; sin embargo, el pasado domingo 9 de marzo, oficiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) mataron a este criminal luego de un enfrentamiento en la Sierra de Michoacán.
Con ello, por más de tres años “El Chayo”, líder y fundador de “Los Caballeros Templarios”, fue considerado oficialmente como un personaje abatido y como parte de las bajas sensibles de la delincuencia mexicana.
El informe del relator Christof Heyns que circula entre legisladores aborda también una serie de temáticas en seguridad que --desde su óptica-- el Gobierno Mexicano debería atender con dedicación y urgencia.
El texto fue entregado el 5 de marzo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la Secretaría de Gobernación, con el propósito de que los legisladores puedan emitir comentarios u observaciones, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del relator especial.
La información que generen los legisladores figuraría en un addendum que se publicará en el marco del 26 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014.
El informe se terminó en diciembre pasado, luego de la visita durante los meses de abril y mayo, del relator Christof Heyns. La última vez que sucedió algo parecido fue en 1999.
El documento de 24 cuartillas reconoce que las reformas impulsadas desde el Gobierno y el Congreso de la Unión reforzarán los derechos humanos de las personas vulnerables, pero aclara que aún hay un número importante de violaciones a garantías individuales.
El informe insiste en que el Ejército no debería hacer labores policíacas y sostiene que aún no está muy claro el objetivo de la Gendarmería Nacional. “Es imperativo disminuir la participación del Ejército en las actividades policiales, velar porque los militares acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles y no militares, y establecer normas claras y ampliamente difundidas sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden en todos los ámbitos del Gobierno”, reitera.