Maite Azuela

La efectividad de un acto intimidatorio está amarrada con delgados listones de sutileza que permiten a quien lo ejecuta producir, cuando menos, algún destello de incertidumbre sobre el amedrentado. Su elegancia puede incluso colocar a la víctima en un acertijo para deducir si la amenaza es una advertencia para silenciarlo o una azarosa coincidencia que pudiera presentársele a cualquiera.
Existen pocos recursos legales para denunciar actos injustificados de visitas policiacas a domicilios e incluso no se puede asegurar que el allanamiento de hogar sea producto de una instrucción de autoridad para acallar la voz de un periodista. Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, hace un par de semanas reportó el allanamiento de su casa, pero no confirmó ni descartó que fuera una agresión por la defensa de derechos humanos que realiza. La víctima de intimidación conserva la duda y se queda sin elementos tangibles para responsabilizar a alguien en específico.
Como señala el último Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las y los defensores en México, los tipos de agresiones más frecuentes en su contra son las amenazas e injerencias arbitrarias en las que perduran los impedimentos para encontrar a los responsables.
La incomodidad que para ciertos gobiernos ocasionan periodistas y defensores de derechos humanos se hace explícita no sólo con agresiones directas, sino con mecanismos amenazantes para detener su trabajo. Hace meses salía del Senado, tras irrumpir la votación de la reforma político-electoral que cerró espacios para la participación de ciudadanos no militantes. En el camino miraba mi celular y encontré un mensaje en Twitter del senador Javier Lozano en el que sin ninguna precaución exhibía su repulsión: “Desdichado el día que el periodismo se convirtió en activismo y pensar que hay tanto ingenuo que cae en sus redes de engaño…” Este fue sólo un reflejo de cómo muchas de las autoridades y representantes perciben a activistas y periodistas. No ven en su labor una aportación a la información y la justicia; se les ve como enemigos que alteran su confortable estado de impunidad y corrupción.
La amenaza es explícita y deja pruebas. La intimidación es silenciosa, prudente y no deja rastro. Imaginemos que esta noche varios policías en seis patrullas llegaran al edificio de un periodista, llevando armas de alto calibre. Supongamos que pretenden ingresar a su departamento —a pesar de que los vecinos advierten que no está— y que sin mostrar orden alguna presionan para entrar argumentando que recibieron una denuncia de que el departamento estaba vacío y abierto. Confiemos en que los vecinos lo impiden. El agraviado puede sólo presentar queja en la comisión de derechos humanos y denuncia ante la fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos para buscar “a quien resulte responsable”.
Ante la falta de elementos para demostrar la intimidación o el hostigamiento, sumemos que la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos, que depende de Gobernación, no cuenta con reglas para prevenir que más activistas y periodistas sean agredidos, no ha ejercido los recursos del fideicomiso, 80% de las plazas con las que cuenta no se han ocupado y no han presentado un solo informe anual de actividades.
En la mayoría de casos, la intimidación y amenaza surten efecto y los periodistas o defensores abortan su labor. Las más de las veces, quienes por miedo a ser denunciados intimidan, son protegidos por una red institucional que los abriga. Mientras valoremos la libertad de expresión y el derecho a la información, la urgencia tener leyes y mecanismos efectivos de protección a defensores y periodistas es inminente. Por ahora los cobardes que intimidan son los protegidos y los valientes que denuncian están a la deriva.