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Familias de desaparecidos quedan en graves problemas económicos y legales, por lo que urgen acortar los tiempos de la declaratoria de presunción de muerte

Por Silber Meza

EL UNIVERSAL

DURANGO.- Manuela Vizcarra Moreno tiene un hijo minero, una pequeña casa adquirida con crédito INFONAVIT y un marido desaparecido que ante la ley de Durango aún no está muerto, sino “presuntamente muerto”.

Su esposo, don Manuel, forma parte de los 220 casos de presunción de muerte tramitados en Durango desde 2010 a la fecha.

Aunque la familia radica en la capital, Manuel es un minero que por temporadas se iba a trabajar a Parral, Chihuahua. Así fue hasta ese 3 de diciembre de 2010, cuando salió de su vivienda, prendió el motor de su Ford Lobo 1998 y se dirigió a un salón de reuniones en la ciudad de Durango.

En el momento en que Manuel fue levantado --contaron testigos a la Procuraduría local--, ya había terminado su estancia en el salón de reuniones y abordó su camioneta. Cuando se dispuso a abandonar el estacionamiento un vehículo le cerró el paso, de el descendieron unos hombres armados, lo sometieron con violencia y lo cambiaron de camioneta.



Así fue. Intempestivo.

Esa noche, Manuela dormiría sola. Su esposo no había llegado a casa e ideó mil motivos, jamás un secuestro sin rescate.

Pasaron uno, dos días, y la esperanza del regreso continuaba. Al tercer día se convenció de que algo estaba mal y decidió interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Corrieron las horas, las semanas, los meses, los años... Manuel no ha aparecido.

Una de las veces en que Manuela fue a la Fiscalía a preguntar sobre los avances de las investigaciones, comentó que estaba en medio de una crisis económica nunca antes vivida: Los burós de cobranza del INFONAVIT no la dejaban en paz, los bancos le mandaban estados de cuenta con deudas cada vez más abultadas por los intereses y no tenía Seguro Social. No sabía qué hacer. Ella nunca había trabajado. No podía cubrir el pasivo y la banca consideraba que su marido estaba vivo y activo, por lo tanto debía de saldar su adeudo.

En la Fiscalía le dijeron que aguantara unos meses más y que cuando su esposo cumpliera un año de desaparición fuera a la Comisión de Atención a Familiares Víctimas de la Violencia a tramitar un acta de presunción de muerte, porque el certificado de defunción no podía entregarse hasta tener la certeza de que había fallecido.

El acta de presunción de muerte es un documento que sirve como sustituto del acta de defunción. Así, el familiar puede saldar las deudas de la persona desaparecida y agilizar trámites oficiales.

A Manuela el acta de presunción de muerte le sirvió para librarse de una deuda de 300 mil pesos con el INFONAVIT, pudo cobrar una pensión de 3 mil pesos al mes de su marido y obtuvo seguridad social.

Los bancos aún le siguen cobrando un monto que supera los 50 mil pesos, no han querido hacer valer el acta a pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ya los exhortó.



Acortan tiempos de trámite

Desde que inició el combate al crimen organizado emprendido por el ex presidente Felipe Calderón, al menos 13 estados han modificado sus leyes, particularmente sus códigos civiles y familiares, para acortar los tiempos de la declaratoria de presunción de muerte y tratar de garantizar que la familia del desaparecido obtenga los beneficios por los derechos y bienes del ausente.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tras un cotejo con leyes estatales, se constató que los lapsos para la declaratoria de presunción de muerte van desde los tres meses hasta los dos años. Antes el trámite duraba de tres a ocho años.

Los estados que modificaron sus legislaciones son: Durango en 2010; Michoacán y Sonora en 2011; Chiapas, Estado de México y Puebla en 2012; Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Colima en 2013; Nuevo León y Chihuahua en 2014.

Morelos y Jalisco también acortaron los tiempos para la presunción de muerte, pero la primera Entidad lo hizo a finales del sexenio de Vicente Fox --6 de septiembre de 2006-- y la segunda al principio del periodo de Calderón --11 de enero de 2007--, cuando la violencia del narcotráfico aún no sumaba tantas víctimas.

El Estado de Coahuila se encuentra en proceso de legislación sobre desaparecidos, aunque aquí se trabaja en la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, que garantiza el patrimonio para el desaparecido y para la familia, además de que obliga a la búsqueda del ausente. Con esto se reciben más beneficios que con la presunción de muerte.

“La familia puede beneficiarse de los efectos de la figura jurídica de la presunción de muerte. No estamos decretando que ya murió (la persona). Se toman prestados los beneficios de la figura jurídica sin decretar muerte alguna. Es un mensaje muy importante para las familias”, explica Juan López, asesor jurídico de FUNDEC y FUNDEM.

Para Amnistía Internacional la figura de presunción de muerte es benéfica, pero si ésta no va acompañada por una verdadera investigación y búsqueda de parte de las autoridades, como es el caso mexicano, siempre será un paliativo.

“¿Esa medida soluciona el problema de las desapariciones? No, porque no se está investigando de fondo”, cuestiona Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

De acuerdo con cifras emitidas en 2013 por la CNDH en materia de desaparecidos, la tragedia llega a las 24 mil 800 personas, mientras que el CENAPI, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), reporta 26 mil 121. Sin embargo, al hacer el cruce de nombres entre ambas listas, menciona en entrevista el primer visitador de la Comisión, Luis García López-Guerrero, sólo coinciden los nombres en cerca de 3 mil 500 personas, el resto son diferentes. Esto indica que el número de desaparecidos puede ser mayor.

“Que si hacemos una compulsa, una primer compulsa, los números del CENAPI, por ejemplo, no coinciden con los que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces ya no son 24 mil nada más, sino 24 mil más los 20 y tantos mil de ellos, y la coincidencia es muy pequeña”, advierte.

El problema más grande que se tiene en la búsqueda y localización de los desaparecidos, cuenta García, es la poca coordinación institucional. Ni siquiera se tiene un registro nacional confiable y depurado.

“Lo que hay que resolver primero es un registro eficaz, determinar uno a uno qué pasó con cada uno de los casos, y en aquellos en los que haya intervención de agentes del Estado o del crimen organizado, que se investigue y se llegue a los culpables”, dice.



Durango, el pionero

del Norte

De 2008 a 2011 Durango sufrió uno de sus peores momentos de violencia.

La batalla del Gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles y la pugna entre estas organizaciones criminales incrementó el número de homicidios: de 174 en 2007 a mil 63 en 2011, según cifras del INEGI.

También aumentaron las personas desaparecidas y se empezaron a hallar cientos de restos humanos en fosas clandestinas. Los familiares demandaron solución a dos problemas básicos: la búsqueda efectiva de sus desaparecidos y el problema económico-legal en el que los dejaba la ausencia de la persona, que en la mayoría de los casos era el jefe de familia.

Esto obligó al Congreso del Estado de Durango a actualizar --en junio de 2010-- la antigua figura legal llamada presunción de muerte y acortarla en sus tiempos. Para ello se modificó el artículo 699 del Código Civil.

Antes de la Reforma, la presunción de muerte tardaba ocho años para poderse tramitar: dos años para el primer paso llamado “declaración de ausencia” y seis más para llegar a la presunción de muerte. Ahora se redujo a cinco: Dos por declaración de ausencia y tres más para tramitar la presunción. Aunque el lapso aún es de un lustro, existe una excepción que puede hacer que el proceso tarde poco más de un año: Que el desaparecido haya sido privado de su libertad.

“La presunción de muerte ya se puede tramitar al año de que la persona desapareció, siempre y cuando se haya dado en una situación donde haya sido privado de su libertad por uno o más individuos”, explica Ismelda Flores Morales, secretaria técnica de la Comisión de Atención a Familiares Víctimas de la Violencia, una dependencia que fue creada en junio de 2011 para ayudar a tramitar la presunción de muerte y para dar apoyo psicológico a las familias.

Aunque en los últimos dos años el número de homicidios ha bajado en Durango, el trabajo jurídico de la Comisión se ha incrementado.

“Porque la familia del desaparecido ya perdió la esperanza de que éste regrese, ante esa situación y las necesidades imperantes de los familiares es que se ven obligados a disponer de los bienes del desaparecido”, menciona.

Este recurso legal, cuenta Ismelda, no es definitivo, se revoca en caso de que al familiar se le ubique con vida; si se le localiza muerto se procede al acta de defunción.

La funcionaria reconoce que esta figura puede ser utilizada por la delincuencia para un fin ilícito, sin embargo, asegura que los jueces han sido precavidos, ellos mismos mandan a llamar a los familiares y los interrogan. Hasta la fecha no se ha negado ningún acta tramitada por la Comisión. El procedimiento también se puede realizar a través de abogados particulares.

Ismelda afirma que el acta de presunción de muerte es un derecho humano que tienen los familiares, independientemente de sí el desaparecido tenía o no una relación con la delincuencia.

“Si andaba mal o no, eso no nos toca juzgarlo. Nosotros tenemos la obligación de atender a los familiares de los desaparecidos. Ni siquiera nos lo cuestionamos”, declara.



“Ya no está mi papá,

se lo llevaron”

Ana Laura Vázquez está sentada en una de las butacas de la Secundaria Técnica 53 de Durango, pero no espera a algún maestro, la clase más dura, la de supervivencia, ya se la dio la vida.

En este salón con mesabancos grises, paredes rayadas y vidrios con grafiti que pertenece a la escuela donde labora, se alista a contar su historia. Son las cuatro de la tarde y la secundaria está vacía.

En enero de 2012, una camioneta pick up blanca, con tubulares negros sobre la caja, se estacionó frente a su casa y de ella bajaron unos hombres con capuchas. Tocaron a la puerta y su marido, el señor Edgar Manuel, salió a recibirlos.

Los visitantes conversaron con él. No hubo forcejeos.

—¿Dónde está tu papá?-- le preguntó Ana Laura a uno de sus hijos.

—Ya no está, se lo llevaron-- le respondió el niño.

Fue la última vez que supo algo de Edgar Manuel. Se fue sin despedirse, después de 13 años de casados.

“Algo le dijeron, pero no hizo fuerza porque ahí estaban los niños con él; por eso optó por irse con ellos”, explica con esos ojos cansados que simulan ver el horizonte.

Ana Laura no trabajaba, nunca lo había hecho. En cuestión de minutos se convirtió en una mamá solitaria con cuatro niños, de 12, 11 y 10 años, y de una niña de cuatro.

La señora, que en ese entonces tenía 33 años, acudió a la Fiscalía de Durango a interponer una denuncia y a solicitar la búsqueda de su marido. Aunque recibió ayuda de sus hermanos que trabajan en Estados Unidos, eso no le era suficiente. Ahora ella sería quien debía sostener a sus hijos.

“La presunción de muerte la tramité luego luego, porque para esas fechas le tocaba un bono del trabajo y lo quise cobrar y no me dejaron”, afirma.

Fue entonces cuando Ana Laura acudió a la Comisión de Atención a Familiares Víctimas de la Violencia y ahí le ayudaron a realizar el trámite del acta. El documento no sólo le sirvió para el bono, también pudo solicitar los pasaportes de sus hijos sin la firma del padre y logró que le traspasaran el empleo de limpieza que tenía su marido, en el que ganaba 2 mil 600 pesos quincenales.

Actualmente, Ana Laura se halla en proceso de finiquito de la deuda de su hogar de crédito FOVISSSTE.