Perfilan mayores controles para evitar abusos de gobiernos estatales

Por José David Estrada Ruiz

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- El Congreso busca ponerle fin al abuso de los recursos del Seguro Popular ejercidos por los gobiernos estatales.

Los fondos que reciben las entidades federales bajo este rubro se han convertido en una bolsa de dinero -de más de 72 mil millones en 2014- que utilizan con fines discrecionales.

Medicinas inusualmente caras, servicios subrogados en hospitales de lujo sin justificantes, transferencias millonarias para pagar nóminas de otras dependencias, son sólo algunas de las perlas que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar el gasto que hacen las entidades federativas con los fondos del Seguro Popular.

En su última revisión, de 2012, la ASF detectó que de los 51 mil 855 millones de pesos que se le asignaron a los 31 estados y el Distrito Federal, se malgastaron 19 mil 828 millones, es decir, el 38 por ciento del total.

El pasado 8 de abril, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud para imponer reglas de transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos ejercidos por los gobiernos estatales.

Los cambios realizados por la Cámara alta deberán regresar a la Cámara de Diputados, en donde se prevé que sean avalados en las últimas dos semanas del periodo ordinario.

“No se trata solamente de extender una cartilla, para universalizar los servicios de salud.

“El objetivo debe de ir acompañado, de cerrar el paso a la opacidad y generar esquemas que fomenten mayor transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó el senador Armando Neyra, del PRI.

Las nuevas disposiciones señalan que los estados y el Distrito Federal deberán depositar los recursos del Seguro Popular en una cuenta específica y rendir informes de su uso a la Secretaría de Salud; ésta a su vez deberá presentar un informe semestral a la Cámara de Diputados.

Aquel gobernador, secretario de finanzas o responsable de los manejos del fondo del Seguro Popular que desvíe ese dinero, podría enfrentar una pena de hasta 7 años de cárcel y multa por hasta 500 mil días de salario mínimo, lo que equivale a más de 32 millones de pesos.

Además, la Secretaría de Salud emitirá catálogos de referencia para determinar los precios a los que los estados podrán comprar los medicamentos.