ANA LILIA HERRERA ANZALDO

Un marco legal que inserte a México en la sociedad del conocimiento no sólo tiene como propósito impulsar la competitividad, sino acortar las brechas de desigualdad y hacer de la nuestra una nación más igualitaria.
Cifras recientes revelan la necesidad de la reforma en materia de telecomunicaciones: de acuerdo con el Reporte Global de Tecnologías de la Información 2014, del Foro Económico Mundial, retrocedimos 16 posiciones en el Índice de conectividad, ubicándonos en el sitio 79 de 149 economías.
En el indicador de acceso a banda ancha, nuestro País se ubica en el lugar 93. En suma, México no logra converger digitalmente con economías más avanzadas. ¿Así o más urgente?
En el ranking de competitividad del mismo organismo internacional nos encontramos en el puesto 55 de 148 que se analizan.
Y según el Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU para medir el progreso de un País, nos situamos en el puesto 56 de la tabla de 175 países.
En el rubro de calidad de vida de nuestros habitantes, ocupamos el puesto 63, con un bajo nivel de vida en comparación con 181 países.
Muy alejada de falsos debates, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se analiza en el Senado de la República, pretende lograr una mayor competencia, mejores servicios, mayor cobertura de internet, precios accesibles y, sobre todo, absoluto respeto a la libre manifestación de las ideas.
A todas luces resultaría un despropósito pretender que con la Ley de Telecomunicaciones los legisladores queremos ir en contra de los derechos y las libertades consagradas en la Constitución.
Nunca como ahora, en México se ejerce un efectivo contrapeso entre poderes que, en un ambiente de pluralidad y congruencia, obliga -a todos- a lograr acuerdos que beneficien a las mayorías más necesitadas y no a grupos de poder económico o político.
Más aún: para el grupo parlamentario del PRI, los beneficios sociales de esta reforma deben incluir una mejora sustantiva en la calidad de los contenidos e incluso en la responsabilidad social de los concesionarios. Sería un gran avance que los contenidos incluyeran mensajes sobre temas como la equidad de género o los muchos retos que en el día a día enfrentan las personas con discapacidad.
Es muy reveladora la intencionalidad cualitativa de la nueva ley, enfocada a dotar de calidad los contenidos disponibles en las plataformas, a través de una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión de instituciones públicas de educación, de salud y de investigación.
No se ha dicho por ejemplo, que los padres de familia podremos tener mayor tranquilidad de que nuestros hijos no vean programas extremadamente violentos o que perjudiquen considerablemente su sano desarrollo. La publicidad dirigida a la niñez tendrá que apegarse a principios de ética, lo que sin duda abonará para un sano desarrollo de los menores.
Entre sus partes de impacto económico más destacadas, la nueva legislación plantea que a partir de 2015, ya no se pagará el servicio de larga distancia nacional en telefonía fija y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecerá un calendario para que también se termine el cobro de la larga distancia nacional en la telefonía celular, bajando los precios de manera gradual, dando así respuesta a una añeja y legítima demanda de la sociedad.
México vive hoy un momento inmejorable e irrepetible de la era digital, donde el objetivo y el punto de coincidencia de todas las fuerzas políticas debe encaminarse a garantizar que más mexicanos tengan acceso a internet con contenidos de alta calidad por medio de las tecnologías de la información y hacer de la nuestra, una nación competitiva y con mayor desarrollo.