Jorge Islas

¿Cómo explicar que el mismo Congreso que aprobó en tan sólo 4 meses diversas reformas constitucionales, que en algunos casos eran impensables por lo controvertido del tema, al día de hoy no pueda aprobar las respectivas leyes secundarias? ¿Qué fue lo que funcionó en un primer momento y qué es lo que no está funcionando actualmente? En su caso, ¿qué legislación o tema es lo que no permite que todas las demás legislaciones en lista de espera, no estén aprobadas? Todo parece indicar que es un rubro el que ha condicionado toda la agenda legislativa nacional y en buena medida, también buena parte de nuestro futuro como ciudadanos con expectativas para ejercer más y mejores derechos.
Para lograr una Reforma Constitucional se requiere que diputados y senadores aprueben con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes las iniciativas de reforma presentadas y la aprobación de 17 legislaturas estatales. Como se observa debe de haber un gran esfuerzo para crear una gran alianza legislativa que integre el mayor número de coincidencias y consensos en torno a temas de agenda en lo general, así como contenidos en lo particular para establecer nuevas reglas, principios y objetivos de una nueva base constitucional. Este fue el gran acierto del Pacto por México, ya que logró incluir acuerdos generales en temas y contenidos constitucionales. Algunos artículos fueron demasiado extensos y detallados no propios para una Constitución, pero finalmente consensuados y aprobados.
Por su parte, una reforma legal requiere de la mayoría simple en ambas cámaras federales y aquí es en donde está detenido actualmente el trabajo parlamentario, que por el momento ha sido omiso y ha incumplido con los propios tiempos que se autoimpuso para aprobar, por ejemplo, las leyes secundarias en materias de telecomunicaciones, energética, pensión universal, seguro de desempleo. De ser el caso, el miércoles agregaría a su lista de incumplimientos la legislación secundaria político electoral y la integración de los nuevos comisionados del IFAI, con todos los riesgos e implicaciones que ello conlleva para el adecuado funcionamiento y conformación de instituciones claves para el desarrollo político y democrático. Claro está que no faltará el senador que nos explique que no hay ningún riesgo al respecto, porque en un período extraordinario se aprobarán las leyes pendientes. ¿No hay riesgo alguno que tengamos un INE que funcione con normas creadas para el IFE, con naturaleza y modelos diametralmente opuestos y que tiene que organizar y regular en lo inmediato la elección federal de 2015, 9 gubernaturas, 17 elecciones locales?
Seguramente hasta que pasen las elecciones internas para elegir a los nuevos presidentes del PAN y del PRD, habrá mejores condiciones para la adopción de acuerdos, sin embargo, esto no justifica que nuestro parlamento, carezca de legisladores para que cumplan mandatos de ley que ellos mismos han establecido.
En algunos meses se pasó del consenso al disenso, de la expectativa a la decepción para regresar a la realidad institucional y representativa. Hay una pluralidad política poco eficiente, poco productiva, poco consciente y poco responsable para impulsar los cambios que requiere el País. Da la impresión que piensan más en las agendas de sus partidos que en las de sus representados, en los cálculos de sus calendarios electorales que en las ventanas de oportunidad de los ciudadanos. En realidad una base constitucional, por buena que sea, sin una adecuada legislación secundaria propia para tener una efectiva implementación de las nuevas reglas, instituciones y procedimientos es poco más que letra muerta, que no ofrece certeza jurídica y que hace por la vía de la interpretación jurisdiccional muy difícil, el cumplimiento de sus fines. Esperemos no estar presenciando una más de nuestras frustraciones constitucionales.