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Por Federico Osorio Altúzar


En Sonora: Justicia en el Estado Democrático de Derecho

Las cosas en Palacio no siempre van despacio. La presencia en la Entidad de secretarios de Estado con el propósito de sacar del atolladero el asunto del acueducto Independencia, pone a plena luz del día la voluntad del Ejecutivo Federal de cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales, reivindicar el Estado de Derecho, reparar los daños y perjuicios ocasionados por la susodicha obra al margen del Manifiesto de Impacto Ambiental. Y acodar las opciones pertinentes, sin violentar el principio de dar a cada quien lo suyo.
Tras el acto de cancelar los trabajos del Ramal Norte en el vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez, las muestras de satisfacción y beneplácito en el Estado, al margen de banderías políticas y partidistas, no se han hecho esperar. Se avizora, de nueva cuenta y de manera terminal, el final del largo conflicto en el cual el Estado de Derecho ha sido manipulado en favor del autoritarismo y los intereses de grupos. Y esto, habida cuenta de que todo Estado es Estado de Derecho. En el caso, con los agravantes de impunidad y alardes autocráticos, como sucede en los estados antidemocráticos: violentando la legalidad y la constitucionalidad.
Con ese efecto, se han menoscabados los principios del federalismo, interpretado a gusto y placer los valores de la soberanía y del federalismo político y jurídico, convirtiendo la Hacienda Pública en caja automática para disponer, en todo momento y bajo cualquier capricho, los recursos que son del pueblo y para el pueblo. El derroche en los gastos de obras que suelen engrosar las cuentas bancarias de gente corrupta y la realización de las mismas al margen y en contra de normas y disposiciones jurídico-administrativas. Esto manifiesta lo que es, en el fondo, una administración que corrompe y mancilla todo lo que toca.
La terminante resolución tocante al Ramal Norte, inmediatamente después de la visita presidencial al Estado de Sonora, motiva no sólo el entusiasmo popular. Promueve el reconocimiento de calificadas personalidades públicas que demuestran sí saber percibir donde aprietan los zapatos mal confeccionados, escuchar las demandas sociales que más apremian y actuar, con oportunidad y pertinencia, según las atribuciones y facultades a su alcance, Su gestión intermediadora, además, refrenda positivamente las razones que llevaron a los ciudadanos a poner el voto electoral en su favor para encumbrarlos en el cargo que ahora desempeñan.
Faustino Félix Chávez, diputado por el Distrito de Cajeme, da a entender que los hechos hablan por sí mismos acerca de "restituir la legalidad en todo lo que concierne al Acueducto "y advierte, igualmente, que "PROFEPA debe aplicar el mismo criterio con el Acueducto", en referencia a la medida de cancelar las obras del Ramal Norte.
Para el legislador, cuya actuación ha sido prominente en San Lázaro, el Estado Democrático de Derecho no admite fracturas. Es un organismo vivo y viviente; es decir, actuante, en el que no caben fisuras ni hay sitio para composturas al vapor. La ejecución de las resoluciones jurídicas implica continuidad, pues son de carácter perentorio, definitivo.
A su vez, desde el Ayuntamiento, Rogelio Díaz Brown da su opinión por lo que se ve venir en el sentido de que será "una respuesta en favor de los pueblos yaquis, de la sociedad cajemense y el Sur del Estado". Dirían los franceses, lo que ocurre es una "verité de fait", una verdad de hecho, en cuanto a que el Municipio hace un seguimiento puntual, indeclinable, en Procuración de Justicia Jurídica, de plena legalidad por lo tanto. Ha persistido, afirma, en seguir caminando por el mismo camino: el de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
El munícipe laureado comparte, asimismo, con el Presidente Peña Nieto el triunfo de la razón política y de la fe en las instituciones públicas.
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