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Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a publicar las reformas al Código de Justicia Militar en el Diario Oficial para que puedan ser aplicadas.
Con dicha reforma, explica la organización, se restringirá la jurisdicción militar, con lo que los órganos de justicia civil investigará, procesará y sancionará a elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos contra civiles.
La organización insta al Ejecutivo federal a publicar a la brevedad dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación para así asegurar su entrada en vigor y garantizar la implementación de las nuevas disposiciones sin dilación.
“Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna sentencia de tribunales civiles contra militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos hasta la fecha”, informó AI en un comunicado.
Antes de la reforma, el Gobierno federal había anunciado que más de 400 casos de presuntos abusos cometidos por militares habían sido turnados a la justicia ordinaria, añadió.
“Es esencial asegurar que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se encuentra investigando y procesando éstos y todos los demás casos de forma pronta, imparcial y exhaustiva para esclarecer los hechos y asegurar la justicia para las víctimas”, agregó.
La semana pasada el Senado aprobó por unanimidad el dictamen que modifica el artículo 57 del Código de Justicia Militar y lo envió a la Cámara de Diputados que lo avaló y envió el Ejecutivo para su publicación.
La organización llamó a las Fuerzas Armadas a sumarse a esta tarea mediante su colaboración en la investigación y detención de los responsables.
Asimismo, urgió a la Administración federal a instrumentar la aplicación de la reforma, en especial en la PGR.
“En múltiples casos documentados por Amnistía Internacional, las autoridades civiles han sido renuentes a investigar los hechos y llevar ante la justicia a militares responsables de cometer violaciones a derechos humanos”, expuso el organismo.
AI demandó que a pesar de la ley aprobada, el Gobierno no puede desatender su obligación de proteger a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sea cual sea la causa.
Hasta ahora, si un integrante del Ejército o la Marina cometía algún delito contra civiles, era juzgado en tribunales militares, condición que no se había modificado desde 1934.