Leonardo Valdés Zurita

Si, como en el promocional del IFE cuando vencido el plazo para renovar la credencial se le recriminaba al omiso. De nuevo nuestro Congreso (nuestro, pues nosotros lo elegimos) terminó el periodo ordinario de sesiones sin cumplir con los compromisos autoimpuestos. Nadie, hasta donde yo tengo información, le obligó a incluir en la reforma político-electoral un transitorio que estableciera que las leyes secundarias estarían aprobadas antes del 30 de abril de este año.
El plazo parecía razonable, en dos sentidos. Por un lado, parecía suficiente (con la Reforma Constitucional aprobada en el último trimestre del año pasado) para que los técnicos (y también los rudos) de los partidos, del Gobierno y de los grupos parlamentarios, hicieran el esfuerzo por construir los consensos necesarios para redactar leyes sencillas y eficientes. Por otro, ante el hecho de que la norma constitucional que establece que las reformas a las leyes electorales que se realicen en el trimestre previo al inicio de un proceso electoral, se aplicarán hasta el siguiente, continuó vigente, parecía prudente dotar al flamante Instituto Nacional Electoral del material legislativo que le permitiera construir su normatividad interna antes del inicio del proceso electoral 2014-2015.
También parecía del todo razonable la promulgación de una ley general de partidos que, entre otras cosas, incluyera estímulos democratizadores a la vida política interna de esas entidades de interés público. Daba la misma apariencia la conformación de un código nacional de procedimientos electorales, que llevara al nivel municipal y local los altos niveles de equidad y certeza que ya alcanzaron nuestras elecciones federales. Y, finalmente, parecía pertinente conformar una autoridad nacional que se dedicara a la aplicación de esos marcos normativos.
Eran tres buenas ideas, como me permití argumentar en estas páginas, cuando el 2 de septiembre de 2012, se incluyeron en el Pacto por México.
Lo que tenemos (o no tenemos) ahora, después de que durante 19 meses, los técnicos y rudos debían aplicarse en la realización de su trabajo, está muy lejos de esas buenas ideas. Empezaron por el final (también lo dije en estas páginas) y conformaron una autoridad electoral que, en el peor de los mundos posibles, convive con autoridades electorales locales y no cuenta con un claro catálogo de facultades que le permitan hacerse cargo de los procesos electorales locales. El código de procedimientos, al parecer, es algo mucho más abigarrado de lo que se requiere para organizar procesos electorales equitativos. De la ley de partidos, al parecer, ya ni hablamos.
¿Por qué? También lo dije en estas páginas. La democracia consensual es de mayor calidad que la mayoritaria. No cabe duda de ello y de que esa fue la inspiración del Pacto y, en principio, de las reformas constitucionales en la materia electoral, pero también, en otras. El problema es que para culminar una obra construida por consenso, hace falta mucha responsabilidad para aceptar que los parámetros de la negociación están ya acotados y que no se puede abrir de nuevo cada asunto para volver a discutir lo ya pactado. Al parecer el compromiso alcanzado por consenso, le quedó grande a la capacidad de resolver cada asunto en sus términos y por sus méritos. Eso se empezó a vislumbrar cuando un dirigente de partido estableció que para que se aprobara una reforma era necesario que saliera la político-electoral.
Lo lamento, pero: te lo dije. Te lo dije.