Héctor Froylán Campos
Una luz al final de la ilegalidad


El Acueducto Independencia, la obra señera del plan sexenal hidráulico Sonora Sí, ha sido desde su concepción hasta la puesta en operación, motivo central de una larga y encarnizada disputa entre amplios sectores de la sociedad del Sur de Sonora –específicamente del Valle del Yaqui- y las autoridades del Gobierno del Estado.
Aún guardo fresca la apoteosis de aquellas impresionantes marchas ciudadanas que al grito de “¡No al Novillo!” tomaron las calles, una y varias veces. Sin duda, una memorable insurrección social que, con el tiempo, de manera silenciosa y eficaz, habría de cobrar muy caro la insensibilidad, la soberbia y el autoritarismo de quienes la incubaron.
Es bien sabido por todos que la inconformidad de los productores, la ciudadanía y los integrantes de las comunidades indígenas, sigue vigente. La protesta está de pie y su intensidad oscila entre la determinación y la moderación, según lo exijan las circunstancias.
Pero la lucha no se circunscribe solo al acto de resistencia civil que desde hace casi un año mantienen en la cabecera del pueblo de Vícam los dirigentes del Movimiento Ciudadano por el Agua y la Tribu Yaqui.
En el terreno jurídico es quizá donde se libra la batalla más relevante. De la resolución que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al conflicto por el agua dependerá el futuro de las nuevas generaciones no sólo por el impacto que tendrá en el desarrollo de las regiones; sino también por el referente histórico en el que se debatirá el nivel de confianza y calidad de justicia que imparten las instituciones responsables de hacer valer el Estado de Derecho en México.
Sin embargo, no es afán del periodista adelantar vísperas sobre el posible desenlace de los juicios que están curso y en manos de los magistrados del máximo órgano constitucional de justicia.
Más bien se trata de poner énfasis en el punto medular de la controversia; es decir, el fondo del asunto –la litis, pues, dirían los abogados— que no es otro más que dilucidar si existen o no violaciones a las normas constitucionales o