Refuerzan programas para garantizar sus derechos humanos y condiciones de seguridad

Por Mariana León
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno Federal perdió la capacidad de brindar seguridad a la población indígena, por eso, a través del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, se busca reforzar acciones para su protección, especialmente para migrantes.
Se explica en el documento --presentado esta semana--, que el Gobierno ha fallado en la seguridad de este sector de la población, “sobre todo en aquella que se encuentra asentada en zonas de difícil acceso, las cuales por sus propias características han sido afectadas por la acción del crimen organizado”, reconoce la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Entre las acciones que se plantean para revertir esta situación, está impulsar acciones que garanticen a migrantes indígenas, dentro del territorio nacional, sus derechos humanos y condiciones de seguridad; utilizar los medios de comunicación para campañas que enaltezcan los valores indígenas y su derecho para recibir trato de igualdad.
Además de emprender medidas en materia de seguridad y justicia para los pueblos indígenas, en las zonas en que existe delincuencia organizada.
También el programa del Gobierno Federal, con las directrices que se seguirán en lo que resta del sexenio, indica que se busca promover los derechos y el acceso a la justicia de toda comunidad equiparable a los pueblos y comunidades indígenas; así como impulsar el reconocimiento de los derechos lingüísticos en las legislaciones estatales y coadyuvar en la promoción de un Acuerdo Nacional para el Bienestar, Respeto y Progreso de los Pueblos Indígenas.

Obstáculos
a derechos
Sin embargo, añade que “en general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o intérprete en las etapas procesales de los juicios”.
En dicho programa se advierte que la población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Persisten prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil.
“Es común que los indígenas no conozcan sus derechos y vean desestimadas sus denuncias o demandas”, puntualiza.