A cinco años

A unos días de que se cumpla un lustro del incendio en la Guardería Subrogada “ABC”, donde se produjo la más grande tragedia infantil en México en los últimos años, madres, padres, amigos y abogados de aquellos niños y niñas regresaron a la Ciudad de México y se plantaron, con sus pancartas, frente a la residencia oficial de Los Pinos y sacudieron, de nuevo, nuestras conciencias.

Las fotografías que mostraron recuerdan a los 49 niños, niñas y bebés que murieron y a los 76 que resultaron heridos, gravemente, por el fuego aquel 5 de junio, en la ciudad de Hermosillo.

Quienes viajaron de Sonora al Distrito Federal vinieron a exigir justicia, como siempre, pero no vinieron con las manos vacías. Entregaron copia del expediente que se encuentra en la PGR con la más reciente línea de investigación -abierta hace más de un año-, que apunta a que no se trató de un accidente por el sobrecalentamiento de un “cooler”, como se dijo, sino producto de una acción deliberada.

Quienes hicieron la protesta dijeron que han entregado las suficientes pruebas a la PGR y que, aunque hay elementos “para fincar responsabilidades” contra los culpables, la Procuraduría no da el paso para hacerlo.

Efectivamente, la PGR abrió esa línea de investigación a raíz de lo que le proporcionaron, precisamente, padres y abogados de las víctimas sobre la línea de que el incendio de la bodega contigua, propiedad de la Secretaría de Hacienda del Estado, fue un acto provocado para desaparecer documentación y papelería que, según la hipótesis, pudiera resultar comprometedora al Gobierno de Sonora. El incendio se extendió a la guardería contigua, provocando la tragedia.

El expediente entregado a la Presidencia lleva “un plus”, según dijo el abogado Gabriel Alvarado Serrano. Ese “plus” lo entregaron sólo a la Presidencia y no a la Procuraduría en señal de distancia por lo que consideran un cambio de rumbo desde que abandonó la PGR el actual zar antisecuestro y anterior sub procurador, Renato Sales Heredia.

Alvarado Serrano señala que localizaron a los declarantes y lograron detalles sobre la participación de esas personas en los hechos.

Según el abogado, “de acuerdo a los elementos de prueba con los que cuenta la PGR, lo que habría ocurrido es que habría existido una orden de un alto mando del Gobierno de Sonora para destruir documentación oficial... se cuenta con testimonios de las personas que -de alguna u otra manera- están ligadas con los hechos. Todo bajo reservas, para salvaguardar seguridad e integridad física, puesto que ya han existido personas que han sido asesinadas por estar involucradas en estos hechos... me refiero a quien comandó, directamente, la acción, que fue asesinado el 18 de agosto del 2009, justo mes y medio después del incendio”.

Los padres, por su cuenta, buscaron nuevos testimonios para ampliar los que ya tenían. Afirman que obtuvieron cosas importantes y por eso decidieron entregar unos DVD y unas USB a la Presidencia. Dentro de los elementos se encuentra el fragmento de un video, grabado la mañana siguiente a la tragedia por una cámara de la televisión estatal, en el cual se observa el ingreso a la zona siniestrada de un individuo que lleva entre sus manos algunos papeles semicalcinados. Se le observa retirándolos del lugar.

Madres de los niños se preguntan: “¿Cómo pudo llegar ahí ese individuo si la zona estaba cercada y no pudo pasar sin autorización de quienes resguardaban el lugar, es decir, el propio Gobierno?”.

Hace un año, el entonces subprocurador Renato Sales dijo: “La instrucción del señor procurador (Murillo Karam) es averiguar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.

Anunció, entonces, que se abría la línea de investigación para revisar todo: el asesinato de un colaborador del secretario técnico del Gobierno del Estado, presuntamente involucrado con los hechos; el polémico peritaje que determinó que el origen del incendio había sido el calentamiento de un “cooler”; se revisaría, también, “... Si el incendio se provocó para eliminar documentos presuntamente relacionados con un programa gubernamental llamado ‘Sonora Proyecta’, al que se habían destinado 10 mil millones de pesos de presupuesto”; se revisaría “específicamente qué era lo que había en la bodega anexa a la Guardería ABC”.

El entonces subprocurador aceptó que no se les tomó declaración a los vecinos, pero se comprometió a realizarla. Abogados y padres reconocen el impulso dado por Sales Heredia, pero se duelen de que, a su salida de PGR, el caso ABC cayó en el abandono. Por eso, dicen, van a la Presidencia, cinco años después de la tragedia.