La violencia del crimen organizado ha ocasionado que miles de familias migren de su lugar de origen

Por Luis Fernando Lozano

AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- México registra un fenómeno de desplazamiento forzado que no se debe sólo a la violencia del crimen organizado y que no es atendido por el Estado, señaló ayer Francis Mestríes, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Entre las causas mencionó conflictos políticos, religiosos y agrarios; pérdida de tierras por la construcción de desarrollos inmobiliarios o por proyectos mineros, y desastres naturales.

El País, señaló, carece de un marco regulatorio que garantice y promueva los derechos de los desplazados y busque la reparación del daño que les ha sido causado.

“Chiapas es el único Estado que tiene una ley de prevención y protección de desplazados internos. En Oaxaca se ha presentado una ley, pero no ha sido aprobada. Se han hecho algunos esfuerzos, una iniciativa de ley que data del año 2000, pero no ha pasado a nivel federal”, apuntó.

El especialista llamó a emprender una reforma al artículo 4 de la Constitución para reconocer a los desplazados como sujetos de derechos especiales.

“El desplazado no es reconocido por los gobiernos de los estados donde se originan”, indicó.

A esta marginación, agregó, se suma la negativa del Gobierno estadounidense a aceptar a pobladores del Norte de México que han sido víctimas de desplazamiento forzado en condición de refugiados.

“Las cortes de Estados Unidos sólo aceptan el 2% de las solicitudes de mexicanos”, detalló.

Mestríes lamentó que incluso el recién implementado sistema nacional de atención a victimas no incluya la figura de desplazado entre sus objetivos.

El problema, indicó, afecta a por lo menos 13 entidades del País, en las que se calcula que existen entre 230 mil y 260 mil mexicanos víctimas de desplazamiento forzoso.

Por grupo de población, alertó, los más afectados por los efectos del desplazamiento don los niños y las mujeres, aunque también se ha observado mayor concentración en algunos grupos étnicos.

“Los indígenas fueron las víctimas predilectas del desplazamiento y también de la política desarrollista, de los megaproyectos, de conflictos agrarios intercomunitarios, atenazados por la pinza de narcos, el ejército”, abundó.

Un ejemplo de ello, dijo, es el caso de la comunidad Triqui de San Juan Copala, Oaxaca, de la que fueron desplazadas cientos de familias tras un conflicto por la elección de sus autoridades.