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Por Héctor Froylán Campos
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Ante la actitud de los legisladores del PAN de evitar a toda costa las comparecencias de funcionarios del Gobierno Estatal involucrados en presuntos actos de corrupción, las bancadas opositoras del PRI y Verde Ecologista decidieron abandonar el pleno, romper el quórum y cancelar la sesión de este martes.
Y aunque la discordia se generó por la solicitud de la coordinación de la bancada priísta de incluir en el orden del día la segunda lectura del dictamen de la Ley Anticorrupción y la propuesta de llamar a comparecer a los titulares de SAGARHPA, ISSSTESON, Comisión Estatal del Agua y al secretario de Gobierno, lo cierto es que la plenaria no tenía futuro porque el grupo parlamentario del PAN no quiere ceder al PRI la presidencia del Congreso.
Durante un breve intercambio de alegatos sobre lo que estipula la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la coordinación del PAN, convino en incluir la iniciativa ya dictaminada que busca poner coto a la corrupción en la administración pública, siempre y cuando el tema de las comparecencias se llevara a discusión al seno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP).
Los legisladores del PAN se mostraron intransigentes frente a la insistencia de los priístas de citar a Héctor Ortiz Ciscomani, Teresa Lizárraga Figueroa, Enrique Martínez Preciado y Roberto Romero López, para que expliquen y aclaren al pleno del Congreso los diversos señalamientos de malos manejos financieros y presuntos actos de corrupción.
A la infranqueable posición de la bancada panista, siguió la inconformidad del PRI y PVEM que corrió la cortesía al presidente del Congreso, Ismael Valdez López, para solicitarle permiso y ausentarse del pleno.
Ya sin el quórum reglamentario, la plenaria quedó cancelada.
En conferencia de prensa, la alianza opositora advirtió que no permitirán que los diputados del PAN sigan encubriendo a los “corruptos del Gobierno”, ni tampoco cederán la presidencia del Congreso. A estos temas, la coordinación priísta también sumó como parte de las diferencias el hecho de que el Gobierno Estatal no ha suministrado cabalmente el presupuesto del parlamento y adeuda poco más de 60 millones de pesos.