Banner

Raúl Rodríguez Cortés
Con licencia para matar



El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Su expresión más acabada está en el Ejército y la Marina, concebidas, no se pierda de vista, para defender la soberanía y el territorio nacionales de una amenaza extranjera. En el cumplimiento de esa función específica puede y debe recurrir a la fuerza que mata, pues en la guerra no hay más opción que la eliminación del enemigo. Para eso están entrenados los soldados.
Por otra parte, defender a las instituciones nacionales de amenazas internas corresponde, por mandato de ley, a las policías, que también disponen del monopolio del uso de la fuerza, aunque no la letal, pues quien desde adentro desafía al Estado es, en todo caso, un transgresor de la ley que debe ser castigado de acuerdo con el sistema de justicia vigente. Para eso se entrena a los policías.
De manera que las tareas de salvaguarda de la seguridad pública no le corresponden a las Fuerzas Armadas como tampoco toca a las policías confrontar una eventual amenaza militar.
Sin embargo, el Estado mexicano ha tenido que echar mano del Ejército y la Marina para enfrentar un grave problema de delincuencia organizada que ya trastocó la seguridad pública y amenaza a la nacional.
La protesta social, por otra parte, no es una amenaza externa ni un problema de seguridad pública, aunque el Estado llega a considerarla de una u otra manera, cuando le plantea un grave desafío. En el caso de la protesta, el marco legal vigente impide el uso de la fuerza y, menos aún, la que es letal.
La frontera entre amenaza externa, problema de seguridad pública y protesta social suele ser borrada con mucha facilidad y frecuencia por los gobiernos, los que recurren a todo tipo de argumentos para poder confrontar la protesta social mediante la fuerza.
Al hacerlo, sin modificar la normatividad vigente, han llegado a colocar al estamento militar fuera de la legalidad y lastimando su credibilidad, además de ofender a los mandos y propiciar su desconfianza en las instituciones civiles.
Con Vicente Fox, por ejemplo, el secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en la etapa más álgida de la protesta poselectoral lopezobradorista y cuando el Presidente le solicitó la intervención de la fuerza armada, pidió que se lo ordenara por escrito. Justificaría así que se trataba de una orden, a fin de no cargar a las Fuerzas Armadas con la responsabilidad de una matanza como la ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Fox se recargó entonces en la Marina y confrontó y separó a las dos armas.
Este caminar de cada quien por su lado siguió con Felipe Calderón. El secretario Guillermo Galván buscó, por todos los medios, modificaciones de ley que respaldaran las tareas del Ejército en relación con la seguridad pública, pero nada se logró.
En el actual Gobierno, las dos armas han conseguido, por lo menos, caminar de una manera muy coordinada. Así lo dejan ver cotidianamente el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y el de Marina, Francisco Soberón Sanz. Esto, sin embargo, no se ha traducido en las modificaciones legales que den sustento jurídico al papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.
Todo ha quedado por lo pronto en la publicación de un protocolo del uso de la fuerza letal que mal sustituye lo que debería venir desde una reforma de la Constitución. Ese protocolo publicado el viernes pasado establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de sus armas de fuego para proteger la vida propia y de terceros o para evitar que se cometa un delito grave. Advierte que el uso de la fuerza letal deberá hacerse en todo momento de manera razonada y con respeto a los derechos humanos. ¿Cómo razonar en segundos una decisión que acabará con el principal de los derechos, el derecho a la vida?
Las Fuerzas Armadas, como puede observarse, aplican algo de un criterio similar al que permitió a la policía de Puebla usar armas de fuego en las manifestaciones y a la de Chiapas tundir a palos a quien se atreva a protestar.
El régimen se endurece y otorga licencias para matar.
( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
@Raul RodríguezC).