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Por Víctor Fuentes
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Agobiado por escándalos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) busca contratar un sistema informático de alertas y análisis sobre la situación patrimonial de los jueces de distrito, magistrados de circuito y demás empleados judiciales.
El CJF convocó el 3 de junio a licitación para contratar software de inteligencia de negocios que emitirá las alertas de acuerdo con nueve factores de riesgo a los que están expuestos los juzgadores y su personal.
Esos factores incluyen: nivel de riesgo por magnitud de percepciones, por zona geográfica, por tipo de materia que revisa el juzgador (penal, civil, laboral, entre otros) por sanciones previas, reportes de operaciones relevantes o inusuales y resultados de visitas de inspección, entre otros.
“El coordinador de alertas deberá recibir la alerta, procesarla, clasificarla y asignarla al responsable de análisis, y se dará seguimiento a todas las alertas generadas”, explican las bases del concurso.
El software tomará información de bases de datos de ocho unidades del propio CJF, así como de la PGR y tres entidades de la Secretaría de Hacienda: la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sólo el Sistema de Declaración Patrimonial de la Contraloría General del Poder Judicial acumula 62 mil 329 registros de servidores públicos, derivados de 185 mil 767 declaraciones presentadas en papel.
El proveedor tendrá que entregar la solución informática a más tardar el 15 de diciembre, último día hábil de la presidencia del ministro Juan Silva Meza.
En junio y julio de 2013, el CJF ya había firmado convenios con la UIF y el SAT para hacer más ágiles las investigaciones de corrupción.
Así, el CJF tiene contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina de la UIF que recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la ley contra lavado de dinero, que entró en vigor el 17 de julio de 2013, y que obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros y notarios.
Desde 2011, el CJF tenía un acuerdo con la CNBV, pero, según fuentes judiciales, los resultados fueron escasos, por trabas burocráticas y porque las funciones de la CNBV no están enfocadas a la detección de delitos asociados con la corrupción judicial.
En consecuencia, el CJF ha tenido graves problemas de lentitud para detectar variaciones patrimoniales de algunos jueces suspendidos, a los que tardó más de tres años en someter a procedimientos de responsabilidad.