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Por Liliana Alcántara
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno mexicano reparará el daño a los familiares de las 275 personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la llamada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80, cuyos casos fueron documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el informe entregado por el Gobierno mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un grupo interdisciplinario conformado por la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transporte, analiza los criterios, la forma, los procedimientos y términos con los cuales se hará la reparación del daño.
En el reporte, el Gobierno mexicano reconoce la gravedad de este delito en nuestro País e informó que entre el 2006 y el 2013, la PGR inició 99 averiguaciones previas y las procuradurías de los estados, 192.
Aseguró que se han emitido seis sentencias condenatorias, pero ninguna de ellas en la actual administración, pues corresponden a los años 2005, 2006, 2009 y 2010.
Este reporte será evaluado por el referido comité de la ONU y México comparecerá en su próximo periodo de sesiones contemplado del 15 al 26 de septiembre próximo.
El Gobierno mexicano expuso en el informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que en el 2001 la CNDH emitió una recomendación en la que documentó la desaparición de 275 personas durante la guerra sucia.
Aseguró que todos los expedientes que estaban en la extinta Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fueron enviados a la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, instancia que además ha continuado con las averiguaciones previas y los procesos penales.
Indicó que el Estado mexicano está consciente del “deber de reparar a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a los derechos humanos cometidas”.
Con relación a los hechos recientes de desaparición, el reporte establece que se promulgó una Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y luego, se emitió la Ley General de Víctimas que prevé la creación de un Registro Nacional de Víctimas, pero en ninguno de estos casos menciona si hay avances en la conformación de las bases de datos.
En materia legislativa señaló que en 19 estados de la República se tipificó el delito de la desaparición forzada de personas, y que a nivel federal, el Senado de la República presentó una iniciativa presidencial en octubre de 2013 para armonizar el tipo penal federal con los estándares internacionales. Corresponde al Poder Legislativo elaborar el dictamen correspondiente.