Las tasas de interés que se cobran dependen de diferentes costos como el de cobranza y cartera vencida


Por Abraham Saucedo
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- La jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) facultando a todos los jueces del País a reducir, durante juicios mercantiles, las tasas de interés que consideren abusivas, podría desincentivar la oferta de crédito a la población desfavorecida económicamente, consideran expertos.
Armando Sánchez Porras, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMSOFIPO), refirió ver la resolución con preocupación, porque ya existe lo que considera una “sobrerregulación” de las instituciones financieras.
“El espíritu de la reforma financiera es otro, de que las reglas estén más claras, de que haya más crédito”, expuso, “y definitivamente este tipo de situaciones, si no se establecen los criterios adecuados, pues sí pone en riesgo que la oferta de productos financieros para los sectores populares sea impactada”.
Para Héctor Villarreal Sandoval, presidente regional norte de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), las tasas de interés que se cobran dependen de diferentes costos como el de fondeo, la administración del crédito, cobranza y cartera vencida.
Si los jueces toman en consideración todos esos factores se darán cuenta que las tasas cobradas por los créditos no son elevadas, confía Villarreal, pero si no es así, las entidades financieras pueden simplemente tomar la decisión de dejar su negocio.
“A mí mi estructura de costos me lleva a una tasa, y si esa tasa a alguien se le hace muy elevada y no me va a dejar hacer ese negocio, ah bueno, pues dejo de hacer ese negocio y me voy a otro”, opinó.
La decisión de la SCJN no es una muy buena noticia para los acreditados, consideró Marco Pérez Valtier, economista del despacho Pérez Góngora y Asociados, porque los que prestan dinero ya no estarán interesados en prestar tanto o empezarán a pedir más garantías físicas.
Por otra parte, Bernardo Elizondo, fiscalista del despacho Adame y Elizondo, estimó que la decisión de la Corte es correcta, porque protege los intereses de la parte desfavorecida de la población.
“Pero (también) es una oportunidad para que el mismo Gobierno Federal empiece a analizar de qué forma se pueden otorgar créditos con un interés blando a esta gente”, agregó, “porque si eso permea pues muchas instituciones no van a querer prestar”.