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En un plazo de tres días a partir de que el Fondo de Operaciones Sonora SI, reciba la notificación.


Por Federico Chávez Manjarrez
TRIBUNA
De conformidad con la suspensión de plano decretada el pasado nueve de junio por el juez octavo de Distrito, ordena este mismo suspender la operación del acueducto Independencia, en un plazo de tres días a partir de que el Fondo de Operaciones Sonora SÍ, reciba la notificación.
De acuerdo a información hecha saber por integrantes del Comité Técnico del Agua y Movimiento Ciudadano, el juez octavo de distrito, ratificó la sentencia de suspensión de plano, por lo que las autoridades responsables tendrán que suspender la operación del acueducto Independencia, ya que esa es la única forma de garantizar que no se sustraiga agua de la cuenca del Río Yaqui, proveniente de la presa Lázaro Cárdenas.
La ratificación de la sentencia del juez dice, "En virtud a que si bien es cierto los quejosos acreditan su interés suspensional respecto del 50% de las aguas de la presa Lázaro Cárdenas, no hay forma de distinguir si las aguas que se trasvasen de dicha presa a la diverso Plutarco Elías Calles, y que posteriormente se trasladan vía acueducto Independencia, corresponden a una u otra, porque lo objetivo es que el recurso hídrico de ambas corresponden a la cuenca del Río Yaqui, cuya primera presa de Norte a Sur es precisamente la denominada Lázaro Cárdenas ‘La Angostura'".
De no acatar la suspensión de la operación del acueducto Independencia, se impondrá una multa de 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con los artículos 158 y 237 fracción I de la Ley de Amparo.
A lo anterior los miembros del Comité Técnico del Agua, esperan que con ese nuevo mandato del juez, el Fondo de Operaciones Sonora SÍ, acate dicha resolución y suspenda de una vez por toda la operación del acueducto Independencia.
El acueducto es un sistema de bombas y tuberías de unos 140 kilómetros realizada por el Gobierno del Estado sin consultar, y sin el manifiesto del Estudio de Impacto Ambiental, al que se opusieron agricultores del Valle del Yaqui y de la propia Tribu Yaqui, con marchas, manifestaciones y bloqueos, pero también con recursos legales aludiendo que existen otras alternativas de abasto para la capital del Estado, como plantas desaladoras.