Héctor Froylán Campos

Cuando la justicia brilla

A finales de febrero del 2013, el Gobierno de Guillermo Padrés Elías anunció con bombo y platillo en voz del procurador Carlos Navarro Sugich un contundente golpe contra la corrupción en el sistema penitenciario. Por esos días, el titular de la Representación Social daba a conocer el resultado de una investigación en torno a la fuga de cinco reos sentenciados con largas condenas carcelarias por diversos delitos graves.
Sin duda, el parte de conclusiones que arrojó la indagatoria de la fiscalía daba cuenta de una acción decidida y firme del Gobierno Estatal por combatir la deshonestidad y podredumbre que invariablemente ha caracterizado el funcionamiento de los Centros de Prevención y Readaptación Social.
Como se recordará, la evasión de los presos no se consumó en forma masiva, sino de manera escalonada y fue un asunto que se mantuvo en total hermetismo hasta que tronó la bomba.
Luego empezarían a surgir evidencias de que la fuga no fue tal porque todos y cada uno de los ahora prófugos de la justicia abandonaron el CERESO capitalino por la puerta principal, previa acreditación documental de su liberación.
El caso emanaba un fuerte hedor a corrupción desde los principales escritorios de la penitenciaría. Y hacia allá dirigieron sus pesquisas los sabuesos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y descubrieron la falsificación de firmas y documentos que alteraron las condenas decretadas por los jueces en el sistema de registros de procesados y sentenciados.
Naturalmente que para poder escapar amparados con liberaciones apócrifas, los beneficiados tuvieron que desembolsar fuertes sumas de dinero que bien --según las declaraciones de Navarro Sugich-- pudieron llegar hasta el millón de pesos.
Con tales evidencias, el procurador comunicó al Pueblo de Sonora que el Gobierno padrecista asestaba un demoledor golpe a la corrupción con el ejercicio de la acción penal en contra de doce funcionarios del sistema penitenciario involucrados en la fuga de cinco peligros reos.
Gestos y frases del titular de la PGJ en aquella conferencia de prensa, parecían denotar intolerancia y rigurosidad frente a cualquier acto de deshonestidad pública.
Gastón Walterio Walters Padilla, director general jurídico del aparato penitenciario estatal y once funcionarios más --entre subalternos y custodios del CERESO-- fueron acusados de integrar la red de corrupción que fraguó la sigilosa evasión de los delincuentes sentenciados. Sólo nueve de los inculpados pararon en prisión bajo cargos graves.
Como sucede siempre en estos eventos, la sociedad se queda virtualmente satisfecha al saber que las autoridades verdaderamente están actuando con energía y decisión en contra de los malos servidores públicos que corrompen la acción de Gobierno o cualquier otra manifestación ilegal que vulnere los derechos, el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.
La verdad sea dicha, casi nadie se ocupa de indagar o analizar si la eficiencia y eficacia con que están actuando las instituciones del Estado están directa y escrupulosamente apegadas al dictado de la ley.
Mucho temo que gobernar al amparo del apotegma maquiavélico ese que invita a pasar por encima de las leyes y los valores éticos y morales para lograr lo que sea y a cualquier costo, resulta ser una apuesta riesgosa.
Al menos así lo acreditan dos hechos por demás trascendentes ocurridos al cierre de la semana anterior, mismos que reflejan las miserias de un régimen en franca decadencia.
Primero, fue la exoneración y libertad decretada por el juez de la causa en favor de Walters Padilla, presunto cabecilla de la red de corrupción del sistema penitenciario cuyo desmantelamiento exhibió el procurador de justicia como si se tratara de un golpe contra la cosa nostra. Obviamente, cuando el juzgador resuelve que no había elementos para declarar culpable y condenar al indiciado es porque definitivamente la fiscalía no pudo acreditar cabalmente la presunción del delito imputado, pero otra vertiente --al parecer la más válida en este caso-- puede ser que en la etapa de la averiguación los investigadores hayan echado mano de recursos y prácticas ilegales que acabaron por vulnerar las garantías constitucionales del detenido. Total: el combate a la corrupción acabó en fiasco.
Y el segundo tema, es la decisión del juez octavo de Distrito que ordenó a la Comisión Nacional del Agua suspender el trasvase de agua de la Presa El Novillo a la Ciudad de Hermosillo. La resolución, claro está, supone el cese de operación y funcionamiento del Acueducto Independencia, una obra que desde sus inicios ha sido combatida jurídicamente por ciudadanos, productores e indígenas del Sur de Sonora. Creo que a nadie le resultan desconocidas las vicisitudes por las que ha transitado esta historia plagada de irregularidades, ilegalidades y abusos de toda índole por parte de la actual administración panista. Pero es parte de lo mismo que le platicaba. Cuando la razón y la justicia imponen su primacía, uno llega a la feliz conclusión de que el fin nunca justificará los medios.
Es cuanto.