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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) mostró su ineficacia para castigar a funcionarios acusados de corrupción.
Esta vez, quien libró el castigo fue Nestor Moreno, ex director de Operación de la CFE, acusado el sexenio pasado de supuestos actos de corrupción al autorizar de manera irregular la adjudicación directa de un contrato a la empresa suiza ABB de México que causó un daño al erario por 5 millones de dólares.
El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décimo Primera Región revocó en definitiva la sanción administrativa impuesta a Moreno que consistía en una inhabilitación de 17 años 6 meses para el servicio público y multa de 69 millones de pesos, impuesta por la Función Pública en 2012.
Cabe mencionar que este fallo judicial es distinto al que resultó en las imputaciones penales por cohecho y enriquecimiento ilícito que pesan contra el ex funcionario, quien sigue sujeto a proceso penal, pero libre bajo fianza.
La conclusión del Tribunal Colegiado fue que la SFP falló al integrar el expediente en contra de Moreno, quien es recordado por poseer un yate y un Ferrari, producto, presuntamente, de actos de corrupción.
Según la sentencia judicial la Función Pública no debió sancionar a Moreno, porque la adjudicación directa a la empresa suiza estuvo justificada ya que los mil cien bienes adquiridos eran necesarios para un equipo informático de alta especialización, conocido como Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de la Energía (SITRACEN).
“La SFP se limitó a investigar si los bienes adquiridos eran tecnologías de la información, lo que no estaba sujeto a debate”, afirmó en la sentencia de primera instancia la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
“La investigación se debió dirigir a dilucidar si los mil cien bienes tenían como objeto su incorporación al SITRACEN, aspecto del que la SFP no se ocupó”, agregó la sala, al declarar la nulidad de la sanción el 21 de enero.
El tribunal colegiado confirmó esta sentencia el pasado 20 de junio, al declarar infundado un recurso de revisión fiscal presentado por Función Pública.
De hecho, los argumentos de la SFP para impugnar la sentencia del TFJFA fueron declarados “inoperantes” por el tribunal colegiado, ya que no combatieron directamente las consideraciones de dicho fallo.