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Héctor Froylán Campos
Al Auditor Mayor no lo quitan



Si la memoria no nos traiciona, cuando quedó sancionada la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se introdujo un artículo transitorio que validó la permanencia de Eugenio Pablos Antillón en la titularidad del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por un período más de tres años.
Había llegado al órgano técnico fiscalizador del Congreso para cumplir con un período de cuatro años, por allá el 2004. Por ese entonces, aún seguía despachando como Contador Mayor Hacienda. Con las reformas legales que dieron origen a la creación del ISAF, se creó la figura del Auditor Mayor y su nombramiento (por un plazo no menor a 7 años) debería ser avalado por el voto de dos terceras partes del Pleno Legislativo.
Recuerdo que en la LVIII Legislatura, los grupos parlamentarios del PAN y PRI se enfrascaron en una escaramuza por aquellos que no querían que Pablos Antillón fuese confirmado en el puesto por un término de siete años a través de una disposición reglamentaria.
Al final, el diferendo se saldó al precisar en un transitorio que, por única ocasión, el Auditor Mayor del ISAF permanecería en el cargo por tres años hasta completar los siete que fijaba la norma constitucional.
Pablos Antillón poseía, al momento de ser designado por el Congreso, notables credenciales como profesional de la Contaduría Pública. Y no obstante los méritos propios y la labor que venía desempeñando como responsable de la fiscalización en el manejo y la aplicación de los dineros públicos, tanto del Gobierno Estatal como los ayuntamientos, su tarea, invariablemente, generaba más resquemores que reconocimientos.
Y es que, desde tiempos inmemoriales, la revisión de los haberes y deberes en la administración pública se ha vuelto un proceso verdaderamente jeroglífico, engorroso, complicado y en extremo burocrático.
Con esta hora, creo que nadie podría documentar un sólo caso de algún funcionario que haya sido sancionado con el rigor de la ley (vamos, con cárcel, pues) por haber resultado culpable de malversar recursos de la gente.
Ciertamente que los aires renovadores que han empujado las buenas prácticas en el ejercicio del Gobierno, han dotado a las instituciones de más y mejores mecanismos para la supervisión y vigilancia de los caudales públicos en un afán por ir al encuentro de mayor transparencia, honestidad y un régimen de rendición de cuentas que en realidad sirva a la sociedad.
Viene a cuento este asunto porque hace unos días el coordinador de la bancada del PAN, Javier Neblina Vega, manifestó públicamente su total inconformidad con el desempeño del Auditor Mayor del ISAF a quien acusó de actuar con parcialidad y bajo presiones de los legisladores del PRI.
En esa conferencia de prensa a principios de la semana anterior, el pastor panista refirió que se mantendrían atentos al trabajo de Pablos Antillón, pero en caso de no responder a las expectativas en términos de ejercer con responsabilidad e imparcialidad su labor fiscalizadora, podrían tomar la decisión de pedir su destitución.
E incurrió en un error garrafal Neblina Vega al asegurar que con la mayoría de votos de la asamblea se removería del cargo.
La verdad es que algo debió pasar para que el Gobierno panista determinara regatear la confianza que tenía en el titular del ISAF y pusiera en tela de juicio su credibilidad tanto institucional como personal.
Algunos analistas sostienen que el cúmulo de observaciones e irregularidades que ha detectado y documentado el órgano fiscalizador en las cuentas públicas del Gobierno del Estado (fundamentalmente en la del 2012), aparentemente han agobiado e inquietado a los funcionarios de la administración padrecista.
Es indudable que las atribuciones constitucionales y reglamentarias de las que goza el ISAF, ahora sí, parecen poner en la picota a varios servidores públicos del Gobierno Estatal sobre quienes pesan graves denuncias penales y administrativas por el mal manejo de los fondos públicos.
Muy probable es que ese no haya sido el acuerdo que permitió la ratificación de Pablos Antillón al frente del ISAF.
El primero de diciembre del 2011, el pleno de la LIX Legislatura, sin mayor trámite de comisión, ni discusión, aprobó confirmar al Auditor Mayor por un nuevo y único período más de siete años.
Es pertinente aclarar que muy pocas veces una Reforma Constitucional como fue el caso, queda validada con asombrosa agilidad y total conveniencia por parte de la asamblea. Queda claro que las principales fuerzas políticas del Congreso (PAN y PRI) forzosamente tuvieron que haber pactado para concretar la ratificación del funcionario dado que para tal efecto se requiere el voto colegiado del pleno congresista.
E incluso, la enmienda a la Constitución fue saldada por el resto del Constituyente Permanente (la mitad más uno de los Cabildos) en cuestión de días. Así de urgente se consumó el trámite.
Bajo esas circunstancias, mucho temo que la amenaza de Neblina Vega no podrá ir más allá. Según la ley, para remover al Auditor Mayor se necesita, obviamente, fundar las causas graves que motivan la solicitud y luego tener a la mano el voto de 22 diputados.
Es cuanto.