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WASHINGTON.- La jueza federal Amy Berman Jackson ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos entregar la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, informó ayer un Comité legislativo.
La orden judicial obliga al procurador federal a entregar los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
“La bitácora de documentos privilegiados nos acercará a saber por qué el DOJ se escondió detrás de negativas luego de su conducta imprudente, que contribuyó a las muertes violentas del agente Brian Terry y de incontables mexicanos”, señaló el presidente del Comité, Darrel Issa.
La operación “Rápido y Furioso” incluyó entre 2007 y 2009 el trasiego ilegal de más de dos mil armas de fuego a México, supervisado por agentes de la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
El agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, fue asesinado en una confrontación en la frontera el 14 de diciembre de 2010. Una de las armas encontradas en la escena del crimen fue identificada como parte de “Rápido y Furioso”.
En septiembre pasado, la propia jueza Berman Jackson rechazó una petición del procurador Eric Holder a fin de anular la demanda del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para la entrega de documentos relacionados con la operación.
El Presidente Barack Obama invocó en su momento “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los documentos que el Gobierno Federal está dispuesto a entregar al Congreso en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.
La Casa Blanca y los demócratas acusaron en su momento a Issa, en particular, y a los republicanos de la Cámara de Representantes, en general, de politizar la investigación.
Pero los republicanos utilizaron un reporte del procurador general que encontró negligencia en la implementación del operativo, para justificar su demanda en las cortes a fin de que la administración Obama entregue documentos adicionales del caso.
Aunque el reporte exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, planteaba críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein, entre otros.